En un intento de mitigar los elevados costes de la vivienda, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, anunció un aumento de 100 millones de dólares en la financiación destinada a ampliar la oferta de viviendas asequibles. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la administración Biden para hacer frente a la persistente escasez de vivienda, que ha contribuido a la continua inflación y al descontento público con la gestión económica.
La financiación adicional, que se distribuirá a lo largo de los próximos tres años, procederá de los ingresos del Tesoro generados por inversiones anteriores en prestamistas comunitarios en el marco del Programa de Inversiones de Capital de Emergencia de la era COVID. Estas inversiones se destinaron inicialmente a apoyar a pequeñas empresas y proyectos de vivienda.
El Programa de Inversión de Capital de Emergencia había asignado anteriormente más de 8.570 millones de dólares a prestamistas comunitarios, que luego invirtieron 1.200 millones de dólares en 433 proyectos de vivienda asequible. Con los nuevos fondos, el Tesoro prevé la financiación de miles de viviendas más a través de un programa dentro del Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI).
La Secretaria Yellen, en un discurso pronunciado en una promoción de vivienda pública en Minneapolis, expresó su expectativa de una moderación de la inflación en el sector de la vivienda. Sin embargo, destacó un importante déficit de oferta de vivienda que ha ido creciendo a lo largo de los años, dando lugar a una brecha entre lo que pueden permitirse los hogares negros y de bajos ingresos y los precios de mercado.
Christopher Tyson, presidente del National Community Stabilization Trust, acogió con satisfacción la financiación adicional como un paso positivo para abordar el problema de la asequibilidad. Señaló que en Estados Unidos faltan actualmente unos 2 millones de viviendas.
Además de este impulso a la financiación, Yellen insta a los 11 Bancos Federales de Préstamos Hipotecarios a contribuir con al menos el 20% de sus ingresos netos a programas de vivienda, duplicando el requisito legal existente y aumentando su actual contribución voluntaria. Si esta política hubiera estado en vigor durante los últimos cinco años, habría supuesto casi 2.000 millones de dólares más en ayudas a los programas de vivienda.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.