El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una importante sentencia dictada hoy, ha mantenido un impuesto a los estadounidenses con inversiones en algunas empresas extranjeras. Los magistrados, con una mayoría de 7 a 2, han respaldado la decisión de un tribunal inferior en el caso que afectaba a Charles y Kathleen Moore, un matrimonio de jubilados de Redmond, Washington. Los Moore habían impugnado el impuesto sobre los beneficios de empresas extranjeras, que se gravan aunque no se hayan pagado a los accionistas.
La controversia se centró en el "impuesto de repatriación obligatoria" (MRT, por sus siglas en inglés), un componente de la legislación fiscal promulgada bajo el mandato del expresidente Donald Trump el 22 de diciembre de 2017. Este impuesto se dirige a los estadounidenses que poseen al menos una participación del 10% en una empresa extranjera controlada mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses. Los Moore, que son accionistas minoritarios de KisanKraft, una empresa india que fabrica equipos agrícolas, buscaban un reembolso de casi 14.729 dólares, que pagaron debido a esta ley tributaria.
Durante los alegatos orales celebrados en diciembre, los jueces examinaron el alcance de la potestad del Congreso para gravar la riqueza en virtud de la 16ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que autoriza la recaudación de impuestos sobre la renta. Los Moore, apoyados por grupos como el Competitive Enterprise Institute, argumentaron que la "renta" debe interpretarse como las ganancias realizadas y recibidas, no sólo como un aumento del valor de la propiedad.
El Departamento de Justicia había advertido que si el Tribunal Supremo fallaba en contra de la TRM, podría suponer una pérdida de 340.000 millones de dólares para el gobierno estadounidense en los próximos diez años. Además, tal decisión podría tener implicaciones más amplias, invalidando potencialmente otras disposiciones fiscales y afectando a las propuestas legislativas de un impuesto sobre el patrimonio de los estadounidenses más ricos.
El caso también atrajo la atención por cuestiones éticas. Algunos senadores demócratas pidieron al juez Samuel Alito que se recusara por sus conexiones con David Rivkin Jr, abogado de los Moore. Rivkin había coescrito artículos en los que Alito defendía al Tribunal Supremo y argumentaba en contra del poder del Congreso para regularlo.
Alito, sin embargo, no se retiró del caso, afirmando que la participación de Rivkin en los artículos era periodística y no de defensa. El debate ético se produce en medio de discusiones más amplias sobre la conducta de los jueces y el impulso de una legislación ética relativa al Tribunal Supremo.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.