Por Gabriel Burin
BUENOS AIRES, 20 ene (Reuters) - El gobierno argentino y sus aliados provinciales deberán mostrar una firmeza inédita en las negociaciones salariales con los sindicatos de trabajadores públicos si quieren cumplir con su ambiciosa meta oficial de inflación de este año, una actitud que podría elevar la tensión social antes de que se logren acuerdos.
La moderación de la inflación es parte de una visión liberal del presidente Mauricio Macri para que la economía repunte en 2017, tras cinco años de freno. Su antecesora Cristina Fernández favorecía ajustes salariales elevados, convencida de que las alzas de precios respondían al afán de lucro del empresariado.
Ahora, Macri buscará que los aumentos de sueldos en el sector público no excedan el 25 por ciento para empezar a domar una inflación que el gobierno proyecta en la misma magnitud, dijeron analistas. El año pasado, la administración de Fernández había aprobado incrementos mayores a ese umbral.
"Estimo que tendrán ese objetivo", dijo Luciano Cohan, economista de la consultora Elypsis en Buenos Aires, sobre la búsqueda de un ajuste de 25 por ciento en las denominadas negociaciones "paritarias". "A priori no parece fácil de conseguir, pero tampoco es imposible", agregó.
Las alzas de los sueldos públicos en Argentina son en parte financiadas con la emisión de dinero, que alienta la inflación. El gobierno todavía no ha mencionado el aumento que pretende, pero si superara por mucho su meta para los precios sería una señal de debilidad que dañaría la fe en su programa.
LA PRIMERA BATALLA
Como mínimo, los gremios quieren alzas de un 30 por ciento para compensar la inflación, que se aceleró por la impresión de dinero para pagar un mayor gasto público a fines del Gobierno anterior y también por la devaluación de la moneda local que dispuso el propio Macri en diciembre.
Las diferencias en las negociaciones han sido el origen de varios conflictos en los últimos años, desde protestas callejeras hasta paros, por lo que la distancia supone un riesgo para el nuevo gobierno.
El primer frente abierto es la discusión con los docentes de la provincia de Buenos Aires, la mayor del país, cuya nueva gobernadora María Eugenia Vidal es aliada de Macri.
La negociación con los maestros bonaerenses es importante porque, al involucrar a una gran cantidad de empleados públicos y ser la primera del año, marca una referencia para otras. Pero no se ve fácil: Roberto Baradel, un líder de los educadores, dijo que buscarían un ajuste mayor al 30 por ciento.
"Los trabajadores no tenemos por qué pagar decisiones políticas que beneficiaron a los sectores más ricos", dijo aludiendo a la devaluación de la moneda local que dispuso Macri el mes pasado y a una rebaja de impuestos a productores agrícolas.
Macri y los gobernadores aliados reforzarían su oferta con una reducción de impuestos a los sueldos de los trabajadores que ya anunció su equipo. "El gobierno buscará disciplinar las expectativas mostrando (...) menor presión tributaria de los salarios", dijo Martín Polo, de la consultora Analytica.
Además, la administración podría hacer algunas concesiones no salariales de costo relativamente bajo, con bonos o beneficios médicos.
"Ni a Vidal ni a Macri les interesa un conflicto en la provincia por (tener que ceder) unos pesos más", dijo Nicolás Cherny, un politólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires. (Reporte adicional de Walter Bianchi. Editado por Pablo Garibian)