Un juez federal de Lubbock (Texas) ha dictado una medida cautelar contra una norma del gobierno de Biden que ampliaba los requisitos salariales en los proyectos de construcción financiados con fondos federales. La decisión adoptada el lunes por el juez de distrito Sam Cummings paraliza la aplicación en todo el país de la norma del Departamento de Trabajo, en vigor desde el pasado mes de octubre, mientras se tramita una demanda interpuesta por Associated General Contractors of America (AGC), uno de los principales grupos del sector de la construcción.
La norma bloqueada había ampliado el ámbito de aplicación de la Ley Davis-Bacon, una ley de la era del Nuevo Trato que establece unos mínimos salariales para los proyectos de construcción financiados con fondos federales basados en los salarios vigentes para determinados trabajos en áreas geográficas específicas. En la actualidad, los salarios prevalecientes son obligatorios para más de un millón de trabajadores de la construcción en proyectos por un total de 200.000 millones de dólares.
El juez Cummings, nombrado por el ex presidente Ronald Reagan, declaró que el Departamento de Trabajo se extralimitó en sus competencias al imponer estos requisitos salariales cuando no estaban incluidos específicamente en los contratos gubernamentales y al extender los requisitos a los conductores de camiones que realizan entregas en las obras. Escribió que las enmiendas unilaterales a las leyes del Congreso por parte de los presidentes y sus agencias son inconstitucionales.
La demanda de la AGC, presentada en noviembre, argumenta que las disposiciones de la norma, incluida la concesión a las normas salariales imperantes del estatus de "aplicación de la ley" y la ampliación de la definición de "mecánicos y obreros" para incluir a los conductores de camiones, exceden las competencias del Departamento de Trabajo. El juez Cummings se mostró de acuerdo, señalando que la norma podría causar un daño irreparable a las empresas de la construcción, ya que podría privarlas de contratos federales.
La justificación del Departamento de Trabajo para la norma era modernizar la normativa sobre salarios para adaptarla a los cambios en la legislación y la economía. Los sindicatos y los partidarios de la norma han argumentado que garantiza un salario justo para los trabajadores y ayuda a prevenir el robo de salarios, especialmente en el floreciente sector de los proyectos de construcción de energía limpia.
El Departamento de Trabajo y la AGC no han respondido inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la sentencia. El resultado de la demanda de la AGC determinará la futura aplicación de la norma.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.