por Mercedes del Signo del Rio
(Actualización con detalles a lo largo de la historia)
Infosel, diciembre. 15.- Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), decidió atacar al órgano que combate las prácticas monopólicas en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para defenderse de las críticas que ha recibido por permitir que empresas sancionadas por colusión sigan participando en los procesos de licitación de la institución que él encabeza.
Luego de que un día antes fuese señalado, Robledo pareció así lavarse las manos y señalar a otra dependencia de ser la responsable de la problemática.
"El problema es que. . . la autoridad reguladora, la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas", dijo Robledo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manual López Obrador, al explicar por qué diversas compañías, que Cofece había ya sancionado en el pasado por coludirse en licitaciones pasadas del IMSS, la entidad encargada de dar servicios de salud a los trabajadores del sector privado mexicano, seguían ganando contratos en materia de servicios de laboratorio y banco de sangre.
El ataque del director del IMSS, sin embargo, llamó la atención ya que con sus señalamientos pareció desconocer las atribuciones de Cofece, la cual, bajo sus reglas de operación, carece de las facultades para inhabilitar empresas, ya que tal función recae hoy solo en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De hecho, Cofece ha solicitado en varias ocasiones y en diversos foros a las autoridades del poder ejecutivo y legislativo brindarle esas facultades de inhabilitación para disuadir aún más las conductas monopólicas que sanciona, y que esos actos no dependan de SFP.
"La sanción administrativa (multas) que impone la Cofece por actos de colusión tiene, en principio, un efecto disuasivo sobre la comisión de estas conductas. Sin embargo, debe ser complementada con otros mecanismos, como la inhabilitación para participar en licitaciones públicas. Con ello, habría mayores incentivos para que las empresas actúen en apego a la ley", escribió la dependencia en un documento titulado: Agenda de Competencia para un ejercicio íntegro de las Contrataciones Públicas, que dio a conocer en julio de 2018, o cinco meses antes del inicio del actual gobierno.
Además, en julio de este año, Cofece, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y otras organizaciones no gubernamentales, como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, volvió a reiterar, en un documento con seis propuestas para mejorar la eficiencia del gasto público y para reactivar la economía mexicana, la necesidad de poder contar con esa facultad de inhabilitar a empresas en licitaciones públicas para combatir prácticas monopólicas, como las que encontró en diversas empresas que participaron en licitaciones públicas del IMSS.
De hecho, Cofece en otro documento titulado: Competencia económica, Plataforma para el Crecimiento 2018-2024 también solicitó al poder ejecutivo, entre otras propuestas, proponer al legislativo un cambio al marco legal en materia de adquisiciones y obras públicas de las dependencias gubernamentales, como el IMSS, para prohibir la participación de empresas y personas previamente sancionadas.
Robledo, sin embargo, prefirió ignorar y evadir esto para culpar a Cofece de ser responsable, o coresponsable, de las críticas que recibió la dependencia que él encabeza por seguir dando contratos a compañías que han mostrado no respetar las leyes en materia de competencia económica.
"El problema es que el resultado de las resoluciones de la Cofece, con todo y que es la autoridad reguladora, la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas", dijo el director del IMSS y con lo que mostró, para algunos, gran ignorancia.
Claro que al atacar a Cofece y culparla de un problema que es mucho más complejo de lo que él señaló, el director del IMSS pareció aprovechar el desprecio que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene de los órganos reguladores que se crearon en gobiernos anteriores.
El mandatario ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo de sus primeros dos años de gobierno que para él esos cuerpos gubernamentales carecen de sentido ya que llevan a cabo tareas que deben estar a cargo de las secretarías que conforman su gabinete.
"¿Por qué la Consar [la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro], si existe Hacienda? ¿Para qué IFT [el Instituto Federal de Telecomunicaciones], si existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Para qué la Comisión Reguladora de Energía, si existe la Secretaría de Energía? Fueron creando aparatos para simular que de esa manera se combatían la corrupción y, al final, una gran cantidad del presupuesto se queda en estos aparatos burocráticos. Entonces sí vale la pena una revisión, pero bueno", dijo hoy López Obrador.
Si bien, para algunos expertos, el presidente podría tener algo de razón de una duplicidad de funciones que llevan a cabo esos órganos reguladores con otras dependencias gubernamentales, o incluso de que algunas de ellas muestran ciertas ineficiencias, eso de ninguna manera implica que deban desmantelarse, como ha sugerido.
Al contrario, para muchos, si bien podría caber un redimensionamiento de algunas de esas dependencias, en otros casos habría que reforzarlas y darles mayores armas para que puedan desempeñar mejor sus tareas y así combatir no sólo prácticas monopólicas sino también la corrupción que tanto supuestamente preocupa al mandatario.
Para algunos expertos, Robledo y el presidente parecen ignorar que antes de la creación de esas dependencias los problemas de las prácticas monopólicas en el país eran incluso mayores a los de ahora, por la posibilidad de que los llamados "intereses creados" capturaran al titular de esas dependencias para que trabajaran para su beneficio, como ocurría con la industria de las telecomunicaciones o en muchas otras industrias del país que tenían a solo dos participantes, como pasaba en la industria cervecera, cementara y televisiva, por mencionar a unas; las cuales hoy enfrentan mucho más altos niveles de competencia por la presencia de órganos reguladores como Cofece e IFT.
Si bien la posibilidad de una "captura regulatoria" permanece, es mucho más difícil que ahora un órgano regulador, conformado o encabezado por un pleno de varias personas, caiga en ese tipo de vicios, como ocurría antes, aunque el mandatario y varios altos funcionarios de su gobierno no quieran verlo así, dijeron diversos expertos consultados.
Un ejemplo de las bondades de algunos órganos reguladores son las múltiples sanciones que ha emitido Cofece contra empresas por prácticas monopólicas o las múltiples decisiones que ha tomado para frenar transacciones que podrían reducir los niveles de competencia en diversos mercados.
Cofece incluso, como dijo Robledo, ya sancionó con multas a las empresas que causaron la polémica por haberse coludido en licitaciones del IMSS. En agosto de este año, 11 empresas y 14 personas recibieron una multa conjunta por más de 626 millones de pesos (30 millones de dólares), una suma que equivale a la mitad del daño estimado que provocaron esas empresas y esas personas físicas al Instituto por coludirse y elevar así el precio de sus servicios.
Las empresas multadas fueron Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón), Dicipa, Grupo Vitalmex (Vitalmex), Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico.
Además, también fueron sancionadas 14 personas físicas que actuaron como representantes de éstas en las licitaciones.
Una de las críticas a Cofece de Robledo y en la que quizás pudiera tener cierta razón es el tiempo que en ocasiones toma la dependencia para resolver las demandas que recibe de posibles prácticas monopólicas.
"Pasan cuatro años y tres meses hasta que en julio de este año Cofece finalmente emite su resolución, una resolución en donde se imponen multas", dijo Robledo. "Una de las 16 preguntas que hizo ayer. . . fue: ¿a qué se debe la demora de Cofece? ¿Por qué se tardaron cuatro años? Pues nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, porque durante toda esa etapa las empresas siguieron participando en licitaciones, no sólo en el IMSS, en muchas otras instituciones".
Funcionarios de Cofece declinaron dar un comentario sobre esta problemática, aunque en el pasado han indicado que no es nada fácil elaborar los casos para comprobar las prácticas monopólicas en México, principalmente porque se trata de actividades subrepticias que llevan a cabo los agentes económicos.
En el pasado, funcionarios de Cofece han dicho también que deben tener gran cuidado en cómo arman las investigaciones, ya que ante cualquier problema es posible que las cortes den marcha atrás o reduzcan sus sanciones por meros tecnicismos.
No fue sino hasta hace poco que Cofece logró además obtener mayores facultades para hacerse de información que le permitan desenmascarar las prácticas monopólicas, por lo que en el pasado tomaba más tiempo para investigar las demandas por conductas monopólicas.
(Actualización con detalles a lo largo de la historia)
Infosel, diciembre. 15.- Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), decidió atacar al órgano que combate las prácticas monopólicas en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para defenderse de las críticas que ha recibido por permitir que empresas sancionadas por colusión sigan participando en los procesos de licitación de la institución que él encabeza.
Luego de que un día antes fuese señalado, Robledo pareció así lavarse las manos y señalar a otra dependencia de ser la responsable de la problemática.
"El problema es que. . . la autoridad reguladora, la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas", dijo Robledo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manual López Obrador, al explicar por qué diversas compañías, que Cofece había ya sancionado en el pasado por coludirse en licitaciones pasadas del IMSS, la entidad encargada de dar servicios de salud a los trabajadores del sector privado mexicano, seguían ganando contratos en materia de servicios de laboratorio y banco de sangre.
El ataque del director del IMSS, sin embargo, llamó la atención ya que con sus señalamientos pareció desconocer las atribuciones de Cofece, la cual, bajo sus reglas de operación, carece de las facultades para inhabilitar empresas, ya que tal función recae hoy solo en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De hecho, Cofece ha solicitado en varias ocasiones y en diversos foros a las autoridades del poder ejecutivo y legislativo brindarle esas facultades de inhabilitación para disuadir aún más las conductas monopólicas que sanciona, y que esos actos no dependan de SFP.
"La sanción administrativa (multas) que impone la Cofece por actos de colusión tiene, en principio, un efecto disuasivo sobre la comisión de estas conductas. Sin embargo, debe ser complementada con otros mecanismos, como la inhabilitación para participar en licitaciones públicas. Con ello, habría mayores incentivos para que las empresas actúen en apego a la ley", escribió la dependencia en un documento titulado: Agenda de Competencia para un ejercicio íntegro de las Contrataciones Públicas, que dio a conocer en julio de 2018, o cinco meses antes del inicio del actual gobierno.
Además, en julio de este año, Cofece, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y otras organizaciones no gubernamentales, como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, volvió a reiterar, en un documento con seis propuestas para mejorar la eficiencia del gasto público y para reactivar la economía mexicana, la necesidad de poder contar con esa facultad de inhabilitar a empresas en licitaciones públicas para combatir prácticas monopólicas, como las que encontró en diversas empresas que participaron en licitaciones públicas del IMSS.
De hecho, Cofece en otro documento titulado: Competencia económica, Plataforma para el Crecimiento 2018-2024 también solicitó al poder ejecutivo, entre otras propuestas, proponer al legislativo un cambio al marco legal en materia de adquisiciones y obras públicas de las dependencias gubernamentales, como el IMSS, para prohibir la participación de empresas y personas previamente sancionadas.
Robledo, sin embargo, prefirió ignorar y evadir esto para culpar a Cofece de ser responsable, o coresponsable, de las críticas que recibió la dependencia que él encabeza por seguir dando contratos a compañías que han mostrado no respetar las leyes en materia de competencia económica.
"El problema es que el resultado de las resoluciones de la Cofece, con todo y que es la autoridad reguladora, la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas", dijo el director del IMSS y con lo que mostró, para algunos, gran ignorancia.
Claro que al atacar a Cofece y culparla de un problema que es mucho más complejo de lo que él señaló, el director del IMSS pareció aprovechar el desprecio que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene de los órganos reguladores que se crearon en gobiernos anteriores.
El mandatario ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo de sus primeros dos años de gobierno que para él esos cuerpos gubernamentales carecen de sentido ya que llevan a cabo tareas que deben estar a cargo de las secretarías que conforman su gabinete.
"¿Por qué la Consar [la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro], si existe Hacienda? ¿Para qué IFT [el Instituto Federal de Telecomunicaciones], si existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Para qué la Comisión Reguladora de Energía, si existe la Secretaría de Energía? Fueron creando aparatos para simular que de esa manera se combatían la corrupción y, al final, una gran cantidad del presupuesto se queda en estos aparatos burocráticos. Entonces sí vale la pena una revisión, pero bueno", dijo hoy López Obrador.
Si bien, para algunos expertos, el presidente podría tener algo de razón de una duplicidad de funciones que llevan a cabo esos órganos reguladores con otras dependencias gubernamentales, o incluso de que algunas de ellas muestran ciertas ineficiencias, eso de ninguna manera implica que deban desmantelarse, como ha sugerido.
Al contrario, para muchos, si bien podría caber un redimensionamiento de algunas de esas dependencias, en otros casos habría que reforzarlas y darles mayores armas para que puedan desempeñar mejor sus tareas y así combatir no sólo prácticas monopólicas sino también la corrupción que tanto supuestamente preocupa al mandatario.
Para algunos expertos, Robledo y el presidente parecen ignorar que antes de la creación de esas dependencias los problemas de las prácticas monopólicas en el país eran incluso mayores a los de ahora, por la posibilidad de que los llamados "intereses creados" capturaran al titular de esas dependencias para que trabajaran para su beneficio, como ocurría con la industria de las telecomunicaciones o en muchas otras industrias del país que tenían a solo dos participantes, como pasaba en la industria cervecera, cementara y televisiva, por mencionar a unas; las cuales hoy enfrentan mucho más altos niveles de competencia por la presencia de órganos reguladores como Cofece e IFT.
Si bien la posibilidad de una "captura regulatoria" permanece, es mucho más difícil que ahora un órgano regulador, conformado o encabezado por un pleno de varias personas, caiga en ese tipo de vicios, como ocurría antes, aunque el mandatario y varios altos funcionarios de su gobierno no quieran verlo así, dijeron diversos expertos consultados.
Un ejemplo de las bondades de algunos órganos reguladores son las múltiples sanciones que ha emitido Cofece contra empresas por prácticas monopólicas o las múltiples decisiones que ha tomado para frenar transacciones que podrían reducir los niveles de competencia en diversos mercados.
Cofece incluso, como dijo Robledo, ya sancionó con multas a las empresas que causaron la polémica por haberse coludido en licitaciones del IMSS. En agosto de este año, 11 empresas y 14 personas recibieron una multa conjunta por más de 626 millones de pesos (30 millones de dólares), una suma que equivale a la mitad del daño estimado que provocaron esas empresas y esas personas físicas al Instituto por coludirse y elevar así el precio de sus servicios.
Las empresas multadas fueron Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón), Dicipa, Grupo Vitalmex (Vitalmex), Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico.
Además, también fueron sancionadas 14 personas físicas que actuaron como representantes de éstas en las licitaciones.
Una de las críticas a Cofece de Robledo y en la que quizás pudiera tener cierta razón es el tiempo que en ocasiones toma la dependencia para resolver las demandas que recibe de posibles prácticas monopólicas.
"Pasan cuatro años y tres meses hasta que en julio de este año Cofece finalmente emite su resolución, una resolución en donde se imponen multas", dijo Robledo. "Una de las 16 preguntas que hizo ayer. . . fue: ¿a qué se debe la demora de Cofece? ¿Por qué se tardaron cuatro años? Pues nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, porque durante toda esa etapa las empresas siguieron participando en licitaciones, no sólo en el IMSS, en muchas otras instituciones".
Funcionarios de Cofece declinaron dar un comentario sobre esta problemática, aunque en el pasado han indicado que no es nada fácil elaborar los casos para comprobar las prácticas monopólicas en México, principalmente porque se trata de actividades subrepticias que llevan a cabo los agentes económicos.
En el pasado, funcionarios de Cofece han dicho también que deben tener gran cuidado en cómo arman las investigaciones, ya que ante cualquier problema es posible que las cortes den marcha atrás o reduzcan sus sanciones por meros tecnicismos.
No fue sino hasta hace poco que Cofece logró además obtener mayores facultades para hacerse de información que le permitan desenmascarar las prácticas monopólicas, por lo que en el pasado tomaba más tiempo para investigar las demandas por conductas monopólicas.