El Tribunal Supremo de EE.UU. ha decidido no admitir a trámite un recurso de Allstates Refractory Contractors, dejando en suspenso la decisión de un tribunal inferior que respalda la autoridad de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) para establecer normas de seguridad en el lugar de trabajo.
Allstates, una empresa de mantenimiento de hornos industriales con sede en Ohio, había argumentado que el poder normativo de la OSHA era inconstitucional porque sobrepasaba la separación de poderes establecida en la Constitución de los Estados Unidos.
El caso de Allstates se produjo a raíz de un incidente ocurrido en 2019 en el que la OSHA citó y multó a la empresa por infracciones de seguridad relacionadas con herramientas eléctricas y caída de objetos. A pesar de reclamar un "historial sobresaliente de seguridad en el lugar de trabajo".
Allstates argumentó que la aplicación de la OSHA era "abusiva y arbitraria" y que el cumplimiento de las normas de la agencia obligaba a la empresa a gastar más de lo necesario, limitando su capacidad para determinar los mejores métodos para garantizar la seguridad de los empleados.
La demanda de la empresa, presentada en 2021, se basaba en la doctrina de la no delegación, que sugiere que el poder legislativo otorgado al Congreso no puede transferirse a otras entidades, incluidas agencias del poder ejecutivo como la OSHA. Allstates estuvo representada por Don McGahn, un exasesor de la Casa Blanca durante la administración Trump conocido por su papel en los esfuerzos de desregulación.
El Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito de Estados Unidos, con sede en Cincinnati, había defendido previamente la constitucionalidad de los poderes de la OSHA en 2023. Dictaminó que la norma para que la OSHA promulgue medidas de seguridad "razonablemente necesarias o apropiadas" cumplía el requisito del Tribunal Supremo de un "principio inteligible" para guiar la autoridad de la agencia, un criterio establecido por el tribunal en 1928.
Esta decisión del Tribunal Supremo de evitar el caso se produce después de una sentencia de 2022 en la que la mayoría conservadora bloqueó un mandato de la OSHA para la vacunación o la realización de pruebas de COVID-19 en grandes empresas, alegando una ampliación excesiva de la autoridad de la agencia sin autorización explícita del Congreso.
La decisión actual de no escuchar el desafío de Allstates indica una continuidad en el enfoque del tribunal sobre los poderes de las agencias federales.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.