México, 11 sep (EFE).- Los principales partidos de México pidieron hoy al Gobierno dar marcha atrás en una de las medidas más polémicas de su anunciada reforma fiscal, que implica aplicar el IVA al costo de las colegiaturas o matrículas escolares.
Esta nueva carga fiscal es una de las señales de que, según fuentes políticas y empresariales, la reforma propuesta el domingo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto lesiona especialmente a las clases medias mexicanas.
"Decimos no al IVA en colegiaturas", afirmó el diputado Jorge Villalobos, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el principal de la oposición, durante una comparecencia en la Cámara baja del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El legislador dijo que, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa la educación pública de México, con frecuentes huelgas de los maestros, la educación privada "pasa de ser un privilegio a una necesidad".
El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), por boca de su diputado Javier Salinas, también calificó como "arbitrario" ese coste adicional en los gastos de educación.
"En la izquierda creemos que habría que considerar una excepción parcial, para que (la reforma fiscal) no recaiga en la clase media", añadió el legislador del primer partido de la izquierda mexicana y tercer grupo parlamentario.
También se opuso a la aplicación del IVA en las colegiaturas el Partido Verde, aliado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que este grupo político pidió al Gobierno "evaluar y analizar" esa medida.
En respuesta, Videgaray dijo que el Gobierno "es sensible y escucha los planteamientos de todos los grupos parlamentarios".
"Estamos más que listos para trabajar (con el Parlamento) para encontrar alternativas que tengan un menor impacto sobre las clases medias y los padres de familia", afirmó el alto funcionario.
Videgaray compareció ante los diputados para explicar detalles de la reforma fiscal, que, de aprobarse, se aplicará el año próximo. El Gobierno calcula que la reforma permitirá aumentar los ingresos públicos con una suma equivalente al 1,4 % del producto interno bruto (PIB). EFE
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