En un hecho significativo, el juez de distrito de EE.UU. Jeremy Kernodle dictó el jueves una sentencia que paraliza la aplicación de la "Regla de Seguridad de la Jubilación" del Departamento de Trabajo, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 23 de septiembre. La norma pretendía ampliar el ámbito de los asesores de jubilación considerados fiduciarios, imponiendo así normas más estrictas a los asesores financieros para que actúen en el mejor interés de los jubilados.
La decisión se produjo después de que la Federation of Americans for Consumer Choice Inc, junto con otros grupos aseguradores, presentara una demanda impugnando la norma. Alegaban que la norma entraba en conflicto con la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA) al considerar fiduciarios a quienes ofrecen recomendaciones de inversión puntuales, como el asesoramiento sobre la transferencia de activos de un plan ERISA a una cuenta individual de jubilación (IRA).
El juez Kernodle, con sede en Tyler (Texas), dio la razón a los demandantes y declaró que era probable que su demanda prosperara. En consecuencia, dictó una medida cautelar de ámbito nacional que impedía la promulgación de la norma mientras prosiguiera la batalla legal.
El Departamento de Trabajo había defendido la norma, afirmando que estaba diseñada para salvaguardar los ahorros de los jubilados, garantizando que los asesores de inversión prioricen los intereses de sus clientes por encima de los suyos propios y obligando a las instituciones financieras a abordar los conflictos de intereses entre sus asesores.
La Casa Blanca había expresado que la norma colmaría una laguna de la norma fiduciaria, que no abarcaba las recomendaciones para la compra de productos distintos de los valores, como las rentas vitalicias de índice fijo. Estos productos, a menudo vendidos por compañías de seguros, se han hecho cada vez más populares entre los inversores reacios al riesgo, a pesar de sus costes más elevados. La Administración calcula que la norma podría ahorrar a los jubilados unos 5.000 millones de dólares anuales en este tipo de inversiones.
Esta sentencia se ajusta a una pauta más amplia de grupos empresariales que desafían la autoridad reguladora en los tribunales. Una notable sentencia del Tribunal Supremo dictada en junio, conocida como Loper Bright, estableció que los jueces no deben someterse automáticamente a la interpretación de una ley por parte de un organismo cuando ésta es ambigua. El juez Kernodle citó este caso como base de su decisión, señalando que no debía deferencia a la interpretación del Departamento de Trabajo de la ERISA.
El Departamento de Trabajo había intentado previamente expandir la regla fiduciaria en 2016 durante la administración Obama, pero ese esfuerzo fue bloqueado por el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos en 2018. El juez Kernodle indicó que la versión actual de la regla fue obstruida por razones similares.
Reuters contribuyó a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.