BOGOTÁ, 20 mar (Reuters) - La Corte Constitucional de Colombia se declaró el miércoles inhibida para pronunciarse por el momento sobre las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a una ley clave para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y dijo que es función del Congreso hacerlo.
La decisión del alto tribunal deja el camino abierto para que el Congreso decida si acepta o rechaza las objeciones a seis de los 159 artículos a la ley sobre el funcionamiento y las competencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Corte Constitucional dijo que no puede realizar el "control automático de constitucionalidad que le corresponde hasta tanto no concluya el trámite de las objeciones presidenciales" y aseguró que el Congreso es el órgano competente para hacerlo.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Chacón, había enviado una carta al tribunal preguntando si el Congreso debía o no tramitar las objeciones, con el argumento de que algunas tesis aseguraban que no podía hacerlo por haber sido una ley previamente aprobada por el legislativo y avalada por la corte.
Sin embargo, el tribunal aseguró que el trámite de las objeciones debe darse en una sola legislatura porque se trata de una ley estatutaria aprobada bajo un procedimiento rápido.
Duque quiere ajustar la ley de la JEP para obligar a los responsables de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos a indemnizar a las víctimas, para evitar que exlíderes rebeldes eludan la extradición, y para que reciban condenas duras de cárcel por abusos sexuales.
Pero el mandatario no tiene un sólida mayoría en el Senado de 108 escaños ni en la Cámara de Representantes de 172, por lo que podría sufrir una derrota política en su intención de ajustar el acuerdo de paz, una de sus principales promesas de campaña.
La decisión de Duque enfureció a defensores del pacto y a exlíderes rebeldes que la consideran un golpe a su lenta implementación y el primer paso de la anunciada intención del partido de Duque de hacer trizas el acuerdo de paz.
La JEP contempla penas más blandas que las de la justicia ordinaria para quienes confiesen los crímenes cometidos en medio de la confrontación que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
Bajo los términos del acuerdo de paz, unos 13.000 integrantes del desmovilizado grupo rebelde, incluidos casi 7.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Javier Leira)