CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - Un activista mexicano opositor a un proyecto eléctrico impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue muerto a balazos el miércoles en un estado del centro del país, a pocos días de una consulta pública para decidir sobre la construcción de una planta termoeléctrica.
Samir (CS:SAMI) Flores Soberanes, de 30 años, fue uno de los principales adversarios al demorado Proyecto Integral Morelos (PIM), de 2010, que incluye una termoeléctrica en la comunidad Huexca; un gasoducto que atraviesa decenas de comunidades campesinas en los centrales estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea eléctrica y un acueducto.
Según reportes de medios, Flores recibió varios disparos cuando estaba afuera de su casa, alrededor de las 5.00 hora local (1100 GMT), luego que llegaron dos autos al frente de la residencia y comenzaron a llamarlo.
El Gobierno reprobó el hecho y la fiscalía estatal dijo que apuntaba a una obra del crimen organizado porque no había un "dato" que lo relacionara con la oposición de activista a la termoeléctrica.
"Condenamos el asesinato de Samir Flores Soberanes, quien era dirigente en Amilcingo, Morelos, y opositor al Proyecto Integral Morelos", dijo en su cuenta de Twitter el portavoz del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas. "La manifestación de las ideas es un derecho fundamental para la democracia".
La organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala responsabilizó al gobierno por su muerte, según una carta publicada en medios.
La asociación criticó "su omisión" de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el proyecto eléctrico, al que consideran dañino para el medio ambiente y carente del consentimiento de los pueblos indígenas de la zona.
"Hoy están los resultados de los oídos sordos de Obrador (...) Responsabilizamos al Gobierno Federal de este asesinato", dijo en el comunicado divulgado el miércoles.
Representantes de las comunidades indígenas presentaron el martes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una solicitud de medidas cautelares para detener la consulta pública, prevista para el fin de semana, anunciada por López Obrador para la construcción de la termoeléctrica de Huexca.
Los opositores al PIM sostienen que la consulta no cumple con los parámetros internacionales porque en ella podrá participar cualquier persona, y no directamente los habitantes de la región afectada, y vulnera el derecho de las comunidades indígenas a una consulta previa y libre. (Reporte de Ana Isabel Martínez, editado por Sharay Angulo y Ricardo Figueroa)