Al igual que todos los comienzos de año el tema candente en la agenda económica vuelve a ser el de las negociaciones salariales, la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación acumulada desde el último aumento y los reclamos de recomposición salarial. Pero lejos de tratarse en forma seria, con números reales sobre la mesa y analizando las posibilidades concretas dado el contexto económico actual, el proceso se encuentra viciado de intereses políticos y sectoriales. Con este panorama resulta importante y útil aclarar algunos puntos.
En primer lugar, tomando los datos del Ministerio de Trabajo sobre la evolución de los salarios del sector privado formal y nuestro índice de inflación nacional, se observa que efectivamente el promedio de los salarios sufrió una pérdida de poder adquisitivo a lo largo de 2016. Esta caída real de los salarios, sin embargo, es bastante menor a la cifra de la que hablan los líderes sindicales. En promedio los salarios cayeron un 4% respecto al poder de compra promedio de 2015, con importantes diferencias dentro de cada sector. Dos ejemplos claros son los del sindicato de comercio y de la construcción. Ambos negociaron paritarias en abril del año pasado, con validez por 6 meses y en noviembre obtuvieron nuevos aumentos. Considerando este período y comparándolo con la negociación de 2015, la pérdida para los trabajadores incluidos en estos convenios fue de apenas 2,4% y 2,1% respectivamente.
En segundo lugar, si bien es cierto que la meta anunciada por el Ministerio de Hacienda el año pasado era aproximadamente 10 puntos menor a lo que efectivamente aumentaron los precios, lo cierto es que: 1) ninguna paritaria cerró en torno al 25% anunciado 2) el BCRA finalmente cumplió su meta de llevar la inflación al 1,5% en el segundo semestre del año, lo que le otorga una importante cuota de confianza a su meta para 2017. Aunque este año están anunciados nuevos aumentos de precios regulados, la desaceleración de la inflación en la segunda mitad del año pasado dejó un piso de alrededor del 20% anualizado; piso que tendrá efectivamente presiones al alza por efecto de nuevos aumentos en los precios regulados (tarifas), pero también a la baja, por la continuación de la política monetaria antiinflacionaria del Central.
En tercer lugar, y teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, hay que entender que, con una nominalidad en descenso, la recuperación de los salarios reales se logra con aumentos nominales cada vez menores. Es decir, si se desea mejorar el salario real en 4%, esto se puede lograr con una inflación del 30% y paritarias del 34% o con una inflación del 20% y paritarias del 24%. Esto es justamente lo que debe lograr la política económica: coordinar las decisiones de precios y salarios para ir reduciendo la nominalidad, a menos que se piense que es preferible una inflación del 30% a una del 20%. En este contexto, los sindicatos se equivocan al pedir paritarias del 35%. Mucho más inteligente sería negociar en torno al 20%/24% con cláusulas gatillo que garanticen la recomposición salarial si la inflación se desalinea de la meta oficial.
En cuarto lugar, pero no por ello menos importante, cabe preguntarse si realmente los salarios reales deben subir respecto al año pasado y en qué magnitud. La pérdida de 4 puntos durante el año pasado se dio como consecuencia de una suba promedio de precios superior a la suba promedio de salarios. Es sabido que la suba de precios estuvo influenciada en gran medida por el aumento de precios regulados de servicios públicos que estaban congelados desde hace años. Es decir que, si durante años los precios regulados no subieron y, por ende, había varios puntos de “inflación reprimida”, entonces los salarios reales estaban más altos de los que debieran haber estado. En términos de precios relativos, la cantidad de viajes en transporte público, consumo de gas, luz o agua que podía comprar un salario promedio era mayor a la que se hubiera dado en caso de que estos precios se hubieran movido libremente. Si asumimos que existía una “inflación reprimida” por control de precios particulares entonces estamos asumiendo implícitamente que había un salario real artificialmente alto. Para corregir precios relativos es necesario que el precio atrasado (tarifas) se eleve por encima del resto (incluidos salarios). Si los salarios podían “comprar” mayor cantidad de servicios públicos esto no era más que porque había otro agente que estaba pagando la diferencia entre el precio abonado y el precio real. Este agente es el Estado y ese pago son los subsidios. Es decir que, si el Estado decide reducir los subsidios e incrementar los precios regulados el poder adquisitivo de los salarios debe necesariamente caer en término de servicios públicos.
Siempre es deseable que los salarios reales crezcan, pero es necesario entender que solo es posible que lo hagan cuando la economía se expande. Con esta premisa no es para nada sorprendente que desde el año 2011 los salarios reales suban un año y caigan en otro. El PBI del 2016 es un 1,4% menor al del 2011 y en términos per cápita está casi un 6% por debajo.
De este modo, los salarios podrán subir este año, pero no podrán hacerlo en una magnitud tal que los lleve al nivel de 2015. Los salarios podrán crecer respecto al año pasado porque el PBI se expandirá. Sin embargo, el nivel de salario real de 2015 estaba sobredimensionado como consecuencia del congelamiento de algunos precios y es por ello que en 2017 no se debería buscar un nivel salarial como el de aquel año, sino uno intermedio como el que se observa en líneas punteadas en el gráfico. ¿Significa esto que como los precios regulados seguirán aumentando, los salarios reales no podrán alcanzar nunca más el nivel de 2015? No. El poder adquisitivo de los salarios reales podrá alcanzar y superar el nivel máximo de 2015, pero esto será posible solo sí la economía se expande con aumentos de productividad.