El primer semestre tuvo una inflación muy elevada y la actividad no acompañó ante la incertidumbre y las restricciones. Pero bajó el déficit y aumentaron las reservas para enfrentar mejor el segundo semestre
Aunque el primer semestre fue peor de lo que se esperaba desde el punto de vista de la inflación y la actividad económica, otras variables funcionaron mejor. Gracias al fuerte aumento de la soja y una buena cosecha, el Gobierno consiguió hacerse de dos colchones financieros que utilizará para transitar mejor los cinco meses que quedan hasta las elecciones legislativas.
El primero es el ahorro de pesos que se produjo en la primera parte del año. A tal punto que el déficit primario en este primer semestre se ubicó en menos de 0.5% del PBI, es decir estuvo muy cerca del equilibrio fiscal gracias a una moderación del gasto y fuerte aumento de los ingresos.
La recaudación extra que aportaron las retenciones por el salto de las exportaciones y una mayor presión tributaria (aumento de la alícuota de Bienes Personales y el aporte solidario), fueron claves. Y por el lado del gasto, mucho tuvo que ver la licuación causada por la inflación, que hizo que los salarios públicos, transferencias y jubilaciones quedaran por debajo de los aumentos de precios.
Todo será muy diferente en el plano fiscal en la segunda parte del año. El Gobierno buscará aprovechar ese colchón de pesos que “ahorró” en los primeros meses para salir a gastar agresivamente a partir de ahora. Esto ya habría comenzado en junio (aún en desarrollo) y se irá acentuando.
Un informe de la consultora ACM advirtió que “los gastos en subsidios y transporte podrían estabilizarse por el aumento de tarifas, pero podrían ser un factor determinante del déficit en la medida que no haya nuevos ajustes.
El gasto en obra pública seguirá mostrando un gran dinamismo en un año electoral”. También agrega que “en este contexto, el gasto social también mostrará un aumento en términos reales, a partir de los bonos anunciados para jubilados y beneficiarios de planes sociales, junto al incremento del gasto pandémico”.
Por lo tanto, ese colchón o “mini fondo anticíclico” que se formó en la parte del año no será un ahorro permanente. Al contrario, las presiones políticas y las necesidades electorales llevarán a que se aceleren notablemente el gasto y el déficit a partir de junio y sobre todo en la segunda mitad del año. Por eso, el cálculo es que el año terminará con el déficit estipulado en el Presupuesto 2021, es decir arriba de 4% del PBI. Esto implica la presión para el Banco Central de emitir alrededor de 1.6 billones de pesos adicionales para salir a cubrir el agujero fiscal.
El colchón también es de dólares, producto de las compras que realizó el Banco Central a lo largo de los primeros meses del año. Hasta el 16 de junio (último dato oficial disponible), la intervención sumó USD 6,300 millones mientras que el stock de reservas aumentó USD 3,300 millones.
Este incremento de las reservas netas y también de las líquidas es el otro amortiguador que sumó el Gobierno y que resultará clave en estos meses convulsionados para la política, pero que impactarán en la economía. Como a partir de ahora vienen meses de “vacas flacas” desde el punto de vista cambiario, seguramente Miguel Pesce –titular del Central- tendrá que salir a vender dólares a través del mercado bursátil para evitar que siga aumentando la brecha cambiaria.
Según estimaciones del mercado, el BCRA habría vendido unos USD 1,000 millones desde fines de octubre pasado para calmar la suba del dólar financiero. Por eso, se estima que habrá más intervención a medida que se acerquen las elecciones y aumente la demanda por cobertura cambiaria por parte del público y empresas.
Por eso, los cálculos del sector privado indican que este nuevo “colchón” que elevó en más de USD 3,000 millones las reservas netas terminará siendo mucho más delgado a medida que se aproximen las elecciones, a mediados de noviembre.
La decisión del Gobierno de pagarle USD 430 millones al Club de París tendrá un impacto negativo en las reservas en breve, pero al mismo tiempo la intención fue reducir el “ruido” en la economía y desalentar una mayor presión sobre el tipo de cambio. Un eventual default hubiera generado todavía más incertidumbre entre los inversores, presionando sobre una suba del dólar y de la inflación en un momento político clave.