El proyecto de nuevo Código Urbanístico, que el ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires está elevando a la Legislatura, al enarbolar la bandera anti-torres y al restringir fuertemente las alturas, en esencia lo que hace es oponerse a que se construya.
Menos altura es sinónimo de menos metros por parcela, aunque el gobierno argumente lo contrario en los fundamentos de su proyecto. Como se sabe, una ciudad más densa es más accesible, con precios más convenientes para más gente. Y además es más sustentable en términos de infraestructura, de servicios públicos y de transporte. Eso es lo racional, y se logra creciendo en altura, no al revés.
Los vecinos que se oponen a las torres prefieren la Buenos Aires del pasado, congelada tal como supo ser. Pero quien elija disfrutar de la pujanza y de la modernidad de las urbes que miran al futuro, como Manhattan, Londres o Chicago, tendría que estar dispuesto a asumir los costos de un entorno diverso y vibrante, no homogéneo ni chato.
Por eso, los desarrolladores e inversores inmobiliarios, que queremos una ciudad moderna, nos oponemos a esta modificación al código urbanístico que se impulsa. Cabe aclarar que el resto de los cambios, más allá de las restricciones a la altura, son en general correctos, y los apoyamos. Pero no éste, que en esencia se opone al crecimiento de la construcción.
¿Cuál es la reacción, al respecto, de los inversores en general, y en particular los del exterior, que hoy están evaluando oportunidades en nuestro país? Naturalmente negativa. Se preguntan, por ejemplo, qué pasará con los terrenos que saldrán a la venta del AABE y Tiro Federal, donde están previstas enormes torres. La respuesta oficial es que allí sí se podrán hacer, por excepción. Pero lo cierto es que no se sabe cuál será la reacción de los vecinos, o incluso de la justicia en caso que se presenten amparos, después de las categóricas argumentaciones públicas del gobierno contra las torres.
Por lo demás, también preocupa el anunciado decreto, que detiene los trámites de aprobación de planos por 180 días. Sus alcances son limitados, pero hay que reconocer que a un inversor todo esto le genera incertidumbre. A los inversores que miran desde afuera afuera, la situación sin duda los espanta, postergando la reactivación económica que tanto necesita el país. Si pensábamos en la construcción como motor del crecimiento, con medidas como ésta deberíamos repensarlo.