Con la crisis del Coronavirus mediante, de qué forma proseguirá el pago de impuestos y en qué valores cerrará.
La cuarentena obligatoria dictada por el gobierno nacional está dando resultados positivos, frenando el aumento de contagios y de fallecimientos por Covid-19. La medida sin lugar a dudas resultó y resulta un desafío para la gestión de Alberto Fernández, que de por sí asumió con un panorama económico crítico: una enorme deuda externa, aumento en el porcentaje de desempleo y freno en la actividad productiva.
Aún así, el planteo fue claro y se priorizaron el acatamiento de las medidas sanitarias necesarias, con el distanciamiento social, la utilización de barbijos y guantes y el cese de la gran mayoría de las actividades sociales, exceptuando las de primera necesidad como la producción, distribución y venta de bienes primordiales y el refuerzo de la atención médica de urgencia.
El pronunciamiento de la cuarentena, hace ya un mes, trajo consigo múltiples desafíos en relación al trabajo, a la producción, al acceso al dinero y a los servicios básicos. El hecho de que la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo en blanco no asistiera a trabajar, se frenase la producción y también los circuitos laborales informales, nos habla de una gran cantidad de argentinos y argentinas percibiendo ingresos reducidos o nulos.
Esto también genera que las empresas piensen en recortar gastos y efectuar despidos, o que propongan pagarles sueldos reducidos a sus empleados. Frente a esto, el gobierno propulsó un paquete de medidas de salvataje, coordinadas por el Anses, a fin de paliar la situación y mantener cierto flujo de dinero en circulación.
Para distribuir dinero de tal forma, la recaudación del Estado también tiene que verse modificada, siendo los impuestos uno de los motores que permiten semejante desembolso económico a lo largo y ancho del país. En declaraciones públicas, el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de la redistribución impositiva y del aligeramiento de cargas para PyMES y sectores de la economía popular.
Sin dudas, el calendario de vencimientos de la AFIP del 2020 sufrió modificaciones acordes al panorama extraordinario que estamos viviendo. También se extendieron los plazos de pago para impuestos municipales y provinciales, así como el abono de servicios básicos como luz, gas, agua, internet, telefonía fija y móvil.
Antes de la pandemia, el vencimiento de ganancias para el 2020 tenía el siguiente esquema: del 11 al 17 de junio se darían las presentaciones de las declaraciones juradas y los sucesivos pagos para los inscriptos. Para jubilados y empleados en relación de dependencia, el vencimiento de bienes personales 2020 se estimaba para el 30 de junio.
El vencimiento 2020 para Ganancias de personas jurídicas también se ha mantenido de acuerdo a cronograma, llegando hasta julio del corriente año según la terminación de CUIT de la sociedad en cuestión.
El vencimiento de ganancias para personas físicas durante el 2020 se mantiene también en junio, como había sido estipulado a principio de año, pese a los pedido de quita o suspensión momentánea de carga tributaria por parte de diversos sectores. A principios de abril, el gobierno había estipulado una prórroga en el pago de haberes correspondientes al Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS)
Sin embargo, esta extensión del plazo corre solo para el tramo correspondiente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) dejando al resto vigente. Frente a esta situación, se vuelve virtualmente imposible para muchas pequeñas y medianas empresas asumir sus responsabilidades impositivas, en un período donde se factura escasa o nulamente y teniendo que afrontar también costes de salarios.
En relación a esto, el gobierno aprobó el pasado 22 de abril el pago del 50% de los salarios de los trabajadores de aquellos empleadores inscriptos en el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), como una forma de descomprimir las presiones, en especiales en las empresas más pequeñas.
En el caso del vencimiento de autónomos durante el 2020, así como las pymes, monotributistas y las entidades civiles sin fines de lucro como cooperativas, consorcios de propietarios, obras sociales, universidades públicas y clubes barriales. En todos estos casos, el vencimiento será el 16 de julio.
Además, como medida complementaria, el gobierno lanzó un programa de créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas de las categorías que no cuadran con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de $10.000 entregado a trabajadores y trabajadoras informales o desempleados, que se entrega con preferencia a las mujeres del grupo familiar.
Estos créditos tienen un tope de hasta $150.000 y se pueden cancelar hasta en 12 cuotas iguales y consecutivas. El dinero no se entregará en efectivo, sino en forma de crédito cargado en tres pagos en la tarjeta de crédito que dicho autónomo o monotributista utilice regularmente, dependiendo su banco.