Durante las últimas dos semanas se han dado movimientos en la comisión especial que analiza la reforma fiscal. Primero, se decidió reincorporar dentro del proyecto de ley la derogación de un conjunto de destinos específicos. Particularmente, esto beneficia al proceso presupuestario, debido que se le otorga mayor flexibilidad al gasto, por lo que facilita la operatividad de la regla fiscal de gasto.
En la actualidad los destinos específicos representan cerca del 55% del presupuesto nacional, tomando en cuenta que los dos más grandes corresponden a destinos constitucionales (8% del PIB a educación y 6% del los ingresos ordinarios se asignan al Poder Judicial). En la reforma se corrigen destinos legales y no constitucionales, destacando la derogación de leyes que fijan el presupuesto al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF).
Por otra parte, el ministro de Trabajo y la ministra de Hacienda comparecieron frente a la comisión especial. Por el lado del primero no hubo información relevante que analizar, mientras que la comparecencia de la ministra Rocío Aguilar se presentaron datos importantes. Primero, se mostraron un conjunto de medidas destacándose: i) introducir la renta global, ii) fijar a las cooperativas el impuesto de renta con una escala similar para las Pymes, iii) aplicar el impuesto de las ganancias de capital al sistema bursátil y iv) establecer una tasa de 2% al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la canasta básica.
Tomando en cuenta todas esas medidas, Hacienda estima un ajuste fiscal de 3,83% sobre PIB en 4 años, dato en línea con nuestra estimación de ajuste requerido y cercano a las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (4,0% del PIB) y el Banco Mundial (4,5% del PIB).
Bajo ese escenario, prevemos que el gobierno logra estabilizar la razón deuda-PIB, pero se pueden dar costos en términos de crecimiento económico, debido a la magnitud del ajuste en un plazo de 4 años. A pesar de ese costo, los beneficios que se obtienen son mayores al asegurar la sostenibilidad fiscal.
