El Ministerio de Hacienda (MH) sorprendió al reportar un déficit fiscal de 6,0% del PIB. Ese dato cerró significativamente menor a las expectativas del mercado (Banco Central de Costa Rica: 7,2%, Aldesa: 7,0% y Consenso Focus: 6,8%) y al déficit alcanzado en 2017.
En términos de contribuciones, se destaca la disminución del gasto/PIB en 0,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al 2017, dato contrarrestado por la caída en los ingresos/PIB en 0,2 p.p., producto de la desaceleración de la actividad económica. No obstante, al desglosar el gasto se observa un incremento de 0,4 p.p. del PIB en el gasto de intereses, explicado por el aumento de la deuda y la tasa promedio de los bonos del Gobierno.
Además, el esfuerzo en la reducción del gasto estuvo más balaceando hacia el gasto de capital que hacia el gasto corriente, al ser ese uno de los componentes más flexibles, pero también es el que más contribuye al crecimiento económico de largo plazo. Esto último, podría ser compensado por el aumento de las concesiones del Gobierno, que en los últimos años creció cerca de un punto del PIB por año.
De esta manera, el esfuerzo del Gobierno por realizar una contención del gasto lo calificamos positivo y son las señales que el mercado local e internacional está esperando. No obstante, aún vemos necesario las reformas estructurales y la aplicación de la regla fiscal para que se materialice con mayor fuerza el ahorro en el gasto corriente (transferencias corriente y salarios).
Por otra parte, el balance primario disminuyó en 0,6 puntos del PIB, siendo, desde nuestra perspectiva, el punto más positivo de las cifras fiscales del 2018. De esta manera, el resultado tiene implicaciones de corto y largo plazo. En el corto, una disminución del balance primario limita directamente a la tasa de crecimiento de la razón deuda/PIB, al reducir gradualmente las necesidades de financiamiento del Gobierno respecto al escenario base del mismo. Para este 2019, el MH había anunciado que las necesidades totalizaban US$7.600 millones, asumiendo un déficit fiscal de 6,5% del PIB, por lo que creemos que estas necesidades pueden disminuir entre US$400-600 millones para este año.
En un escenario con eurobonos, el mercado local podría tener menor presión de captación de recursos de manera gradual y esto se materializaría hasta el segundo semestre del 2019. Además, los eurobonos en conjunto con deuda multilateral pueden facilitar la reestructuración de vencimientos hacia un plazo más largo y generar mayor confianza al mercado ante las presiones de liquidez que tiene el Gobierno en el corto plazo. No obstante, consideramos que la magnitud del impacto sobre la confianza estará condicionada a la aprobación de reformas estructurales (empleo público e institucional) de manera conjunta.
En el frente de largo plazo, la dinámica de la deuda mantiene una trayectoria insostenible, pero prevemos que se estabiliza en 2023 a un nivel cercano al 60% del PIB y no en 2025, como estimábamos en nuestra última revisión.
De esa manera, el gradualismo del ajuste fiscal se mantiene, aunque con menor intensidad que en nuestro escenario anterior. El ajuste fiscal necesario restante para estabilizar la deuda es en torno a 3,7-4,2% del PIB, en gran medida explicado por el fuerte impacto del aumento de las tasas de interés de la deuda del Gobierno y el crecimiento económico moderado para los próximos años. Dicho esto, el reto del Gobierno está relacionado principalmente con las perspectivas de sostenibilidad en el mediano plazo, aún si vemos un mejor panorama producto de la reducción del balance primario y sus implicaciones en el corto plazo.
