Durante el último quinquenio, el vertiginoso crecimiento de los bonos verdes a nivel global sólo se tomó un respiro entre 2014 y 2015. Previamente, el total emitido hasta 2013 inclusive equivalió a lo emitido sólo en 2014, y los u$s 40 mil millones de 2015 fueron duplicados en 2016.
Una de las promesas de los países desarrollados, en el marco del Acuerdo de París, es la provisión de financiación por u$s 100 mil millones anuales, fondos que debieran facilitar la transición de los países en desarrollo hacia economías viables desde lo ambiental.
El Fondo Verde para el Clima cuenta actualmente con poco más de u$s 10 mil millones y financia proyectos que benefician el ambiente a través de una serie de instrumentos que van desde el otorgamiento de subsidios y de préstamos concesionales hasta garantizar operaciones de crédito, pasando por la posibilidad de aportar equity.
Por otro lado, los inversores institucionales de ciertos países invierten porciones crecientes de sus portfolios en instrumentos que cumplen con ciertos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Un número creciente de ellos, a su vez, exige una segunda opinión respecto del use of proceeds y del impacto de sus inversiones.
La radiografía de los bonos verdes emitidos en 2016 muestra que la energía fue el principal destino, concentrando 38% del total, en tanto Construcción e Inversiones y el rubro Transporte representaron 18% y 16% respectivamente.
En orden de importancia decreciente le siguen Agua (14%) y, con porcentajes menores, Manejo de Residuos, Adaptación y, finalmente, Agricultura y Forestación.
Argentina se hizo presente en el mercado de bonos verdes recién en 2017, con dos emisiones, ambas orientadas a financiar proyectos de energías renovables en provincias argentinas. Sin embargo, sólo una de ellas contó con una segunda opinión respecto del uso de fondos, la elegibilidad de los proyectos a financiar, reporting y administración de los fondos.
Pero el potencial de Argentina en la materia no se limita a este importante sector. Dada la matriz productiva argentina y el inventario de gases de efecto invernadero, agricultura y ganadería debieran ocupar un papel preponderante como destino de bonos verdes, sin descuidar bosques, transporte, industria y residuos.
El total de bonos verdes emitidos durante el primer semestre de 2017 creció un 50% respecto de igual periodo de 2016. La última estimación de Climate Bonds Initiative habla de unos u$s 150 mil millones para el presente año.
La tendencia implicaría que los bonos verdes llegaron para quedarse, aunque su confirmación como un nuevo activo financiero deberá aún sortear ciertas pruebas.
Cuán verde son los bonos verdes merece una respuesta inequívoca en cuanto a la cuantificación y verificación de los beneficios ambientales que generan, para que este naciente asset class se consolide como una vía que facilite la transición hacia una economía baja en carbono.