El INE reveló que potencialmente MORENA y partidos de coalición obtuvieron 364 de 500 asientos en la Cámara de Diputados, logrando el 72.8% de las diputaciones y por lo tanto mayoría calificada. En el Senado, MORENA y sus aliados obtuvieron 83 de 128 escaños, tres escaños por debajo de la mayoría calificada, lo que obligaría a negociaciones con senadores de otros partidos. Hay una gran discusión alrededor de los resultados, pues podría implicar una sobre representación, de acuerdo a la ley, de una fuerza política.
Esto es motivo de preocupación para quienes no comulgan con la ideología política de MORENA, pero debería ser motivo de preocupación para todos, puesto que implica que se pueden realizar reformas constitucionales sin necesitar grandes negociaciones con otras fuerzas políticas. Con esto, la democracia en México podría estar en riesgo.
El 1 de septiembre entra en funciones la nueva legislatura y más allá de si hay o no sobre representación de una sola fuerza política, existe el riesgo de una rápida aprobación de reformas constitucionales. Entre estas reformas destaca la del Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.
La reforma al Poder Judicial propone un cambio radical. Los cambios generalmente generan incertidumbre, más aún cuando expertos advierten que no serán cambios favorables. Con esta reforma existe la posibilidad de que los despachos de abogados encargados de los contratos para las inversiones en México, decidan que no es posible proteger a las empresas, lo que puede resultar en dos vertientes: las empresas pueden optar por mejor no invertir en México o pueden, por su seguridad y tranquilidad, optar por incluir en el contrato una cláusula que estipule que cualquiera disputa se resolverá bajo la jurisdicción de Estados Unidos, con todas las implicaciones que esto conlleva.
Actualmente está la gran sonada oportunidad de nearshoring, en la que empresas extranjeras que estaban situadas en China buscan otros países para instalar sus plantas y producción, para exportar a Estados Unidos. Aunque esta oportunidad es enorme (se estima alrededor de 300 mil millones de dólares por año) México la está aprovechando no solo poco, si no cada vez menos. En el segundo trimestre del año, México recibió 5.08 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, de la que 63.35% fue por reinversión de utilidades, 5.20% nuevas inversiones y 31.44% de cuentas entre compañías.
Preocupa sobre todo el bajo monto y proporción de la nueva inversión que en el segundo trimestre alcanzó 5.20%, que, omitiendo los casos en que el flujo ha sido negativo, es el mínimo en registro para un trimestre igual. Es muy bueno que las empresas que ya están en México reinviertan aquí sus utilidades, pero también es importante que se reciba nueva inversión.
La Secretaría de Economía publica en su página los anuncios de nuevas inversiones, las cuales ascienden a 45,464 millones de dólares, de los cuales el 48% son de empresas estadounidenses.
Esto es lo que estaría primero en riesgo, tal como sucedió con la empresa Tesla (NASDAQ:TSLA) que aplazó su decisión de venir a México, hasta después de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Es posible que Tesla y otras empresas nunca lleguen a invertir en México, al menos no en el corto plazo, ante la reforma al Poder Judicial.
Los anuncios de inversiones representan 125% de la inversión extranjera directa total del 2023 y 2.55% del PIB de México del mismo año. Debido a que la reforma del Poder Judicial debilitaría el marco legal mexicano, la administración de justicia y la aplicación de las reglas del T-MEC en el país, se pone en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y se inhibirían las nuevas inversiones provenientes de ese país. A esto se sumaría un probable freno en la reinversión de utilidades, pues un 40% provienen de empresas estadounidenses. Por lo anterior, el impacto económico de la reforma al Poder Judicial representaría al menos 1.9% del PIB.
Varias asociaciones de Estados Unidos, entre las que destacan National Association of Manufacturers, National Mining Association y Electric Components Industry Association, han enviado una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, diciendo que la reforma al Poder Judicial violaría las obligaciones de México en el T-MEC.
También se han pronunciado en contra de dichas reformas grandes bancos de inversión, que han colocado a México en un grado de sub inversión y agencias calificadoras que ven un riesgo para el panorama económico de México en las reformas.
Esto implica que el impacto económico de las reformas se vería en:
- La inversión extranjera directa, primero en menos nuevas inversiones (lo que ya ocurre), luego en menor reinversión de utilidades e inclusive en la posibilidad de inversión extranjera negativa.
- Inversión fija de locales, que podrían detener los proyectos de inversión ante la incertidumbre generada.
- Inversión extranjera de cartera, ante el mayor riesgo en la economía mexicana, con la posibilidad de fugas de capitales.
- Tipo de cambio más volátil y con tendencia al alza, con la posibilidad de alcanzar por lo menos un nivel de 21 pesos por dólar.
- Menor crecimiento económico ante menor inversión fija, menor creación de empleo y mayor volatilidad del tipo de cambio.
- Relación comercial con Estados Unidos, que podría interponer nuevas controversias comerciales en contra de México y subir a panel la controversia en materia de energía.
- Recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México ante la expectativa de menor crecimiento económico.
Esto es, la reforma al Poder Judicial podría afectar de manera significativa a la economía mexicana, reduciendo la confianza que se tiene en las instituciones de la economía aumentando la incertidumbre en el sector financiero y real, y desincentivando la inversión local y extranjera.
A esto debe agregarse el impacto que tendría otra propuesta de reforma que busca eliminar varios organismos autónomos que realizan funciones esenciales para garantizar el sano funcionamiento de una democracia y de un entorno de competencia económica justo.
La iniciativa de reforma propuesta por el Presidente de la República busca, entre otras cosas:
- Transferir las competencias y facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), un organismo autónomo encargado de garantizar la competencia económica y la libre concurrencia en los mercados, a la Secretaría de Economía, una dependencia del Poder Ejecutivo.
- Transferir las competencias y facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo encargado de impulsar condiciones de competencia económica en el mercado de telecomunicaciones, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), una dependencia del Poder Ejecutivo.
- Transferir las competencias y facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo autónomo, a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una dependencia del Poder Ejecutivo.
- Transferir las competencias y facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismos autónomos que regulan el mercado energético, a la Secretaría de Energía (SENER), una dependencia del Poder Ejecutivo.
- Transferir las competencias y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), un organismo autónomo, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), una dependencia del Poder Ejecutivo.
Es evidente que, con esta estrategia, MORENA busca centralizar y expandir el poder en la figura del Presidente de la República, al desmantelar organismos autónomos que han requerido décadas de esfuerzo en iniciativas, reformas e inversiones para establecerse como contrapesos de los Poderes de la Unión. Estos organismos han sido fundamentales para promover un marco institucional que garantiza un campo de juego equitativo para todos los participantes del mercado, y su eliminación presentaría un grave retroceso en el desarrollo institucional y económico de México.
La discusión y aprobación del proyecto de dictamen para la eliminación de organismos autónomos podría ser aplazado indefinidamente. Sin embargo, esto no ha sido confirmado y se espera que sea discutida hoy viernes en la Comisión de Puntos Constitucionales.