Si queremos tener un país competitivo debemos revisar la tremenda burocracia que implica constituir y mantener una sociedad en la Argentina.
Las empresas que ven oportunidades de negocios en Argentina revisan su tasa de retorno; pero los costos de constitución y mantenimiento de una sociedad en Argentina son extremadamente altos y pueden gravitar negativamente en dicha tasa.
Debido al (i) complicadísimo sistema tributario argentino (con impuestos nacionales, provinciales, municipales, retenciones para casi todos los impuestos, anticipos de impuestos, convenios multilaterales, presentaciones continuas de declaraciones juradas, y altísimas cargas sociales), al (ii) muy burocrático sistema registral societario, todavía basado en la presentación formal de papeles originales, y al (iii) cargadísimo y asustado sistema bancario (utilizado como sistema de control de gastos, de control del pago de impuestos, y del control cambiario – persiguiéndolo por los incumplimientos de terceros), mantener una sociedad en argentina se ha vuelto algo demasiado complicado y caro.
Cada vez más, las funciones de los organismos fiscales (recaudar, cobrar, y controlar) han sido transferidas a las empresas como si el doble control fiscal justificara cualquier precio y cualquier tarea por parte del contribuyente; hoy transformado en agente recaudador, agente de retención, agente de pago de impuestos de terceros. Como si no tuvieran suficiente carga con los impuestos propios, hay que encargarse de los de terceros.
Sin tener en cuenta la inflación, es alarmante lo que han crecido los costos por gestiones contables y legales, de la mano de cada vez más funciones que recaen en los contadores. Con más rapidez incluso, han crecido las tasas municipales o de organismos oficiales como la IGJ y Aduanas, ganándole con creces a la inflación real que tuvo nuestro país en los últimos 12 años. Para poner un ejemplo, la tasa anual más baja de una S.A. que en 2005 costaba $ 100, hoy cuesta $ 1600. Lo mismo se da en casi todas las tasas estatales de cuánto trámite existe (especialmente en los municipios), utilizado como una forma encubierta de recaudación.
Quizás la tremenda burocracia argentina sea la explicación de por qué muchas empresas extranjeras, especialmente en el rubro de servicios, eligieron otras jurisdicciones como base de sus negocios en Latinoamérica; prefiriendo locaciones como Perú, Colombia o Chile. Colabora también en esto la constante inestabilidad e inseguridad jurídica del país, que modifica las normas más rápido de lo que son entendidas y aplicadas.
Según el Banco Mundial, Argentina se ubica en el puesto 116 de la clasificación en “facilidades para hacer negocios” (justo entre Uganda y Barbados), se ubica en el puesto 157 para el rubro “apertura de un negocio”, y en el puesto 178 en el rubro “facilidad para el pago de impuestos”. Abrir un negocio en Argentina tarda casi cinco veces más que en Chile y cuatro veces más que en Uruguay.
Argentina ni siquiera está en entre los cinco mejores de América Latina en este rubro (facilidades para hacer negocios), donde se ubican México, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica.
Una sociedad extranjera que quiere constituirse en la Argentina, primero debe registrar a la sociedad que será accionista de la sociedad local, un trámite que en la IGJ puede llevar como mínimo dos meses, y en la Provincia un plazo similar. Para ello, debe designar un representante legal con domicilio local, demostrar que la sociedad extranjera tiene negocios reales fuera del país, acompañar estatutos y designaciones de representantes. Lo que en la jerga legal se llama el registro del art. 123 de la Ley de Sociedades.
Además deberá buscarse una segunda sociedad accionista porque a pesar de que la sociedad unipersonal ha sido legislada recientemente en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (modificación a la Ley de Sociedades N° 19.550), no ha servido para mucho, y rara vez se la utiliza debido a que se requiere el cumplimiento de los requisitos para las grandes sociedades del art. 299 de la Ley de Sociedades. Las sociedades unipersonales están sujetas a fiscalización estatal permanente, requieren un directorio y una sindicatura plural colegiada (de mínimo 3 miembros cada órgano), lo que encarece muchísimo los costos de mantenimiento de una sociedad.
Una vez registradas las sociedades extranjeras, se podrá inscribir la sociedad local, habitualmente una S.R.L. o una S.A. Se requiere la participación conjunta de abogados, escribanos y contadores para cumplir todos los trámites con éxito.
Los profesionales siempre encuentran alternativas para reducir los tiempos de constitución (acciones en cabeza de personas físicas que luego se transfieren, etc. etc), pero en un caso ordinario de inversión extranjera, se tardan entre dos y cinco meses para tener la sociedad local en orden (con sus accionistas extranjeros inscriptos). Esto es simplemente ridículo. Incluso dos semanas en el mejor de los casos, puede resultar un plazo razonable, pero si se lo compara con jurisdicciones donde las sociedades se constituyen en el mismo día con costos mínimos, y si se tiene en cuenta la velocidad de los negocios actuales, hasta dos semanas puede ser mucho tiempo.
Lo que es peor, esta burocracia lleva a que los costos anuales por mantener una sociedad operativa en Argentina, sea considerablemente más cara, entre el doble o el triple de lo que cuesta en otras jurisdicciones. Si a esto le agregamos la enorme carga fiscal y en seguridad social, y el costo enorme del financiamiento local, Argentina se ha transformado en una de las peores jurisdicciones para hacer negocios permanentes. En el mismo estudio del Banco Mundial (Doing Business 2016) se concluyó que en Argentina preparar, presentar y pagar impuestos puede llevar más del doble de tiempo (405 hs.) de lo que lleva en un país de los denominados desarrollados (promedio de 175hs). Los datos muestran que en Argentina la complejidad de pagar impuestos consume mucho más esfuerzos administrativos, incluso, que en los países vecinos como Uruguay y Chile.
La enormidad de los recursos naturales y humanos que hay en nuestro país no pueden por sí solos contrarrestar las ineficiencias de nuestro sistema burocrático.
Sabemos de los excesos que hemos sufrido en Argentina cuando tuvimos regímenes demasiado laxos, donde muchas sociedades extranjeras se utilizaban para evitar la carga fiscal de residentes argentinos con bienes en el país. Pero en los últimos diez años la carga burocrática y el costo relacionado, ha crecido exponencialmente, produciendo que el remedio se convierta en algo peor que la enfermedad. Dejemos de legislar para la excepción, para el fraude, porque el cumplimiento normal de la ley se vuelve demasiado tedioso y dificultoso para todos. Los males de algunos, los pagamos todos. Con el fin de gran parte de los controles cambiarios, hemos dado un gran paso en el sentido de simplificar la burocracia bancaria, pero nos falta un largo camino por recorrer para simplificar la burocracia societaria y la carga y burocracia fiscal.