El Estado se ha metido de tal forma en el mercado de tierras en Buenos Aires, que en la actualidad se presenta como su principal protagonista.
Vende parcelas en las mejores ubicaciones, que cuentan con beneficios muy atractivos, como la posibilidad de hacer torres en barrios donde los lotes privados ya no serán aptos para esa tipología.
La incidencia que de sus ventas surge, es la que luego impacta sobre los valores en todo el mercado, no sólo de tierras sino también de departamentos, oficinas, locales, etc., dado que el lote es siempre un insumo esencial en nuestra industria.
Ante las urgencias fiscales actuales, el Estado probablemente a futuro venda mucho y seque la plaza de proyectos implantados sobre terrenos privados. Incluso lo que podría haberse destinado a espacios verdes, terminará seguramente en la sala de subastas.
Ya hemos visto que en momentos de euforia, como sucedió hasta las recientes turbulencias, la competencia entre oferentes disparó los valores a niveles nunca vistos, afortunadamente sin mayores dudas sobre la transparencia de los remates.
El Estado además nos educó al demostrarnos que es posible vender tierra en blanco y de contado, a valores elevados. Ello alteró la modalidad más generalizada en los últimos años, que incluía formatos complejos y rebuscados, como canjes de terrenos contra metros, asociados a planes de pagos y a ventas de acciones de sociedades sin actividad, por ejemplo.
Estamos, en esta materia, frente a un fenómeno novedoso en la historia de nuestro mercado inmobiliario. Aún está por verse si semejante liderazgo del sector público sobre el mundo de los bienes raíces, terminará siendo algo positivo a mediano plazo.