El acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea para desbloquear el Brexit ha requerido concesiones por ambas partes, que han cruzado líneas rojas que consideraban irrenunciables, desde la negativa comunitaria a reabrir el tratado que habían sellado con Theresa May, hasta la aceptación táctica de los británicos de la inevitabilidad de una frontera aduanera entre Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) y la isla de Irlanda.
El pacto supone un triunfo para Boris Johnson, pero el primer ministro no puede confiarse: su sucesora ya había logrado este hito, si bien lo que los diferencia a la hora de vender en casa lo que indudablemente son cesiones serias es que Johnson es el verdadero padrino del Brexit y May, una mandataria que había votado por la permanencia y nunca contó con el favor de ninguna de las familias que componen la derecha británica.
Con todo, ambos tienen en común la animadversión que sus respectivos compromisos han generado en los unionistas del DUP, cuyo rechazo había sentenciado el mandato de la segunda mujer en llegar al Número 10 y, ahora, amenaza con aguar la victoria de un premier que, contra todo pronóstico, podría finalmente cumplir su promesa de divorcio el 31 de octubre.
La respuesta la tendrá este sábado el Parlamento, donde se votará una propuesta con luces y sombras para Johnson. Lo positivo es que puede proclamar que Reino Unido en su conjunto abandonará la unión aduanera, una reivindicación fundamental, puesto que le permite atribuirse el mérito de haber eliminado la tóxica salvaguarda contenida en el texto original para impedir una frontera dura con Irlanda, el denominado backstop. En el reverso negativo, sin embargo, está la innegable realidad de que Irlanda del Norte tendrá que seguir las reglas aduaneras del bloque, lo que, en efecto, crea una frontera en el estrecho que separa las islas británicas.
Irlanda del Norte se ha convertido, de hecho, en la moneda de cambio que ha facilitado el entendimiento, una apuesta que la Unión Europea había sugerido ya en febrero de 2018 y que May había descartado en base a que “ningún primer ministro británico podría aceptar” una fórmula que, efectivamente, provoca que una parte de Reino Unido tenga un estatus diferente al del resto del país, tanto regulatorio, como aduanero.
No obstante, Bruselas también ha movido posicionamientos que había calificado de inmutables, lo que ofrece una jugosa ventaja a Johnson ante la lucha que está a punto de iniciar en casa para sacar adelante el acuerdo. El bloque había considerado imposible un carácter dual para los arreglos arancelarios en Irlanda del Norte, técnicamente en territorio aduanero británico, pero siguiendo las normas de la UE. Su temor era dejar expuesto al mercado común, pero finalmente ha cedido para permitir a Johnson vender ante su dividida audiencia doméstica que todo el país formará parte de la unión aduanera británica y, consecuentemente, que todo Reino Unido se beneficiará de los pactos comerciales que establezca en el futuro.
Asimismo, los Veintisiete han admitido una píldora de difícil digestión: el mecanismo de salida de Irlanda del Norte. Ahí, con todo, ambos han trabajado por el hallazgo de un punto medio: Reino Unido, desistiendo del derecho a veto del DUP y aceptando un sistema que deberá contar con los republicanos y, definitivamente, con el funcionamiento de la Asamblea de Irlanda del Norte; y la UE, amparando voz y voto para Belfast, transcurridos cuatro años de su puesta en vigor, exponiéndose así a que el Parlamento de Stormont decida poner fin al modelo, dando paso a un período de adaptación de dos años, cuyo futuro está por esclarecer.
Como cabía esperar, el texto legal presenta un delicado balance para acomodar las sensibilidades a ambas orillas del Canal de la Mancha, por lo que una de las cuestiones que más preocupaba al sur, la negativa británica a aceptar competir en igualdad de condiciones con el continente, se ha solucionado de manera que parezca que las dos partes ganan, aunque ambas arriesgan algo. Así, Reino Unido ha admitido que debe alinearse con las reglas comunitarias en materia ambiental, climática y de legislación de los derechos de los trabajadores, pero el compromiso figurará en la declaración política, no vinculante, en lugar de en el acuerdo de retirada, un detalle clave, sobre todo, para ganarse a los eurófobos.