Por Anthony Boadle
BRASILIA, 8 nov (Reuters) - El Tribunal Supremo de Brasil decidió el jueves poner fin al encarcelamiento de condenados después de que perdieran su primera apelación, un fallo cargado de presiones políticas que podría llevar a la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La reinterpretación del código penal brasileño, que permite a los presos agotar sus opciones de apelación antes de sean mandados a la cárcel, podría beneficiar a decenas de presos de gran calibre, entre ellos Lula, encarcelado el año pasado por cargos de haber aceptado sobornos.
Con una votación de 6 a 5, el Supremo revocó una norma de tres años que contribuyó al éxito de la mayor investigación de corrupción de Brasil, la llamada operación Lava Jato, que encarceló a decenas de ejecutivos de empresas y políticos por sobornos y malversaciones.
La perspectiva de pasar un tiempo en prisión inmediatamente después de perder la primera apelación empujó a los sospechosos a negociar acuerdos de declaración de culpabilidad con los fiscales, proporcionándoles información que ayudaron a desentrañar el mayor plan de sobornos en la historia de Brasil.
Los fiscales de Lava Jato dijeron que el fallo haría más difícil su trabajo y favorecería la impunidad debido a los "excesivos" procesos de apelación de Brasil. Dijeron en una declaración que la decisión del tribunal no estaba en sintonía con un país que quiere poner fin a la corrupción.
Los abogados de Lula dijeron que buscarían su liberación inmediata por el tribunal inferior que lo condenó. Lula fue encarcelado en 2018 con una condena de ocho años y diez meses tras haber sido declarado culpable de aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos con el gobierno.
Lula, de 74 años, gobernó Brasil de 2003 a 2010, su primer presidente de la clase obrera. Dejó el cargo con un alto índice de popularidad gracias a las políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, pero sus críticos dicen que arruinó el país al permitir que la corrupción prosperara.
Sergio Moro, el juez que sentenció a Lula y que ahora es ministro de Justicia en el Gobierno Bolsonaro, advirtió antes de la decisión de la corte que la revocación de la regla sería un gran revés para la lucha contra la corrupción.