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* Perú dice caso de rebelde es aislado y que se investigará
* Afirma que CIDH reconoce uso de la fuerza para liberar rehenes
LIMA, 29 jun (Reuters) - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial de un guerrillero durante una operación militar de rescate de 72 rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997.
El fallo fue difundido el lunes por la CIDH en su sitio web y afirma que Perú violó la Convención Americana de derechos humanos al ejecutar -cuando ya estaba bajo custodia militar- al rebelde Eduardo Cruz Sánchez, conocido como "camarada Tito", uno de los 14 miembros del izquierdista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que asaltó la vivienda diplomática.
El caso llegó la corte luego de que algunos familiares de miembros del MRTA y grupos de derechos humanos afirmaron, de acuerdo algunos testigos de la operación, que al menos uno de ellos fue abatido por militares cuando ya estaba rendido.
"La Corte consideró que su muerte se produjo una vez que se encontraba bajo la custodia del Estado", dijo el organismo en un comunicado en su página web en torno al fallo que notificó horas antes al Gobierno de Lima.
Asimismo ordenó al Estado peruano "continuar con la investigación penal en curso" en el caso del camarada "Tito" y que dará por concluido el caso una vez que el Estado peruano haya encontrado las responsabilidades correspondientes.
En el mismo fallo, la CIDH determinó que no halló pruebas suficientes para comprobar que hubo ejecuciones extrajudiciales en el caso de otros dos rebeldes del MRTA.
REACCIÓN PERUANA
El ministro peruano de justicia, Gustavo Adrianzén, dijo que el caso del camarada "Tito" es un hecho aislado y que la fiscalía peruana resolvió ya el año pasado abrir una investigación para determinar las causas de la muerte del rebelde.
Respecto a la sentencia, argumentó que la CIDH reconoció como legítimo el uso de la fuerza para liberar a los rehenes, con lo cual se desestimó "la pretensión de quienes buscaban que el Estado peruano sea declarado responsable de las presuntas ejecuciones extrajudiciales" contra otros rebeldes.
"La sentencia es enfática en afirmar que la operación fue destinada a la liberación de rehenes; no tuvo, por tanto, como propósito ir a matar delincuentes terroristas", subrayó en una conferencia de prensa para comentar el fallo.
En la operación militar, que se realizó durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, ahora preso por abusos a los derechos humanos, murieron los 14 rebeldes del MRTA; además de un rehén y dos militares miembros de un comando de rescate.
La intervención permitió la liberación de los rehenes en la residencia del embajador de Japón, entre diplomáticos de varios países, jefes militares, jueces y funcionarios de alto rango, que permanecieron secuestrados por más de cuatro meses.
Los integrantes del comando militar que rescató a los rehenes, conocido como Chavín de Huantar, son considerados como héroes por muchos peruanos que vivieron casi dos décadas de guerra interna por el accionar del MRTA y del grupo maoísta Sendero Luminoso que buscaban tomar el poder con las armas. (Reporte de Marco Aquino; Editado por Silene Ramírez)