En Turquía, un número considerable de empresas se enfrenta a dificultades financieras, lo que ha provocado un aumento de las quiebras y los cierres. Dogan Duman, propietario de una fábrica de ropa en Corum, ha tenido que despedir a un tercio de su plantilla debido a la escalada de costes que está afectando a las empresas de todo el país. Su empresa, que produce ropa para la marca mundial de moda Zara, ha reducido su capacidad al 60% y ha reducido su plantilla a 210 empleados.
El sector industrial turco atraviesa tiempos difíciles como consecuencia de una política restrictiva que incluye un tipo de interés de referencia del 50%, destinado a controlar la inflación y la demanda. La tasa de inflación, que superó el 75% a principios de año, ha puesto en apuros a miles de empresas. Estas empresas también tienen que hacer frente a una lira sobrevalorada, al aumento de los precios de la electricidad y el gas, y a una disminución de los pedidos de exportación.
Turquía, uno de los cinco mayores fabricantes de ropa del mundo, está perdiendo competitividad debido al aumento de los costes de la energía, la mano de obra y las divisas, según Duman. Teme que, con la subida prevista del salario mínimo el año que viene y el actual tipo de cambio de la lira, su empresa no pueda competir y se vea obligada a cerrar.
Las medidas económicas iniciadas en junio del año pasado han supuesto un aumento acumulado de los tipos de interés de 41,5 puntos porcentuales, lo que está empezando a frenar la inflación, que recientemente se ha situado en el 52%. El cambio de política del Gobierno pretende alejarse de la elevada inflación y la inestabilidad monetaria que caracterizaron el anterior planteamiento del Presidente Tayyip Erdogan de flexibilización monetaria para el crecimiento.
Sin embargo, la restricción del crédito y el retraso de la lira han puesto en aprietos a las empresas, especialmente en los sectores textil y de la confección. Los datos de la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía indican que casi 15.000 empresas cerraron en los siete primeros meses del año, un 28% más que en 2023. Además, konkordatotakip.com informó de que 982 empresas recibieron protección judicial inicial frente a deudas en los ocho primeros meses del año, casi el doble que el año pasado.
Esta angustia económica tiene implicaciones más amplias, pues contribuye a retrasar los pagos en toda la economía y a aumentar el desempleo. Erdal Bahcivan, presidente de la Cámara de Industria de Estambul, advierte de los "elevados costes" y la posibilidad de que las empresas acreedoras se enfrenten a situaciones nefastas al intentar rescatar a una empresa.
En Corum, las pruebas de la recesión económica son visibles en forma de fábricas con ventanas rotas y prendas abandonadas. Bulent Demirci, copropietario de una fábrica de hilo, tuvo que cerrar su negocio debido al impredecible clima económico.
El salario mínimo en Turquía subió a 17.002 liras (unos 500 dólares) en enero, un aumento significativo respecto al año anterior y desde finales de 2021. Los precios del gas y la electricidad también se han disparado desde 2021, lo que supone una presión adicional para los fabricantes.
Los costes de producción turcos son ahora casi un 40% más altos que los de los países asiáticos competidores, ya que los exportadores se enfrentan a obstáculos a la financiación y a la disminución del capital circulante. Algunas empresas, como Mega Polietilen y 3F Tekstil, han solicitado protección judicial contra el pago de la deuda.
Un ejecutivo de 3F Tekstil mencionó que, si bien la protección judicial ha ayudado a la empresa, que emplea a 600 trabajadores y suministra a marcas como Mango y H&M (ST:HMb), es probable que sus proveedores y fabricantes subcontratados sufran más.
El ejecutivo también señaló que las empresas se han visto muy afectadas por la elevada inflación en Turquía, con tipos de interés que alcanzan niveles insostenibles, lo que hace inviable para muchos la gestión de la deuda.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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