Los inversores en bonos soberanos de mercados emergentes están tomando medidas proactivas para eludir las posibles limitaciones de la legislación sobre deuda soberana propuesta en Nueva York. En respuesta a los proyectos de ley que podrían limitar las recuperaciones de los acreedores y prescribir una fórmula para la reestructuración de los pagos, se están incorporando en los nuevos acuerdos de bonos cláusulas que permiten cambios jurisdiccionales para la resolución de litigios.
Una de estas cláusulas está actualmente pendiente en un acuerdo de bonos de Sri Lanka, mientras que otra se incluyó en un acuerdo de Surinam el año pasado. Estas cláusulas permiten a los tenedores de bonos votar sobre el cambio de jurisdicción, y la disposición de Sri Lanka requiere sólo el 20% de los tenedores de bonos para iniciar tal votación, y sin conceder al gobierno una opción de veto. Por el contrario, la cláusula de Surinam permite una votación del 50% de los obligacionistas, pero otorga al país el poder de vetar el cambio de jurisdicción.
Los cambios propuestos en la ley del estado de Nueva York han despertado preocupación entre las empresas financieras, que argumentan que las medidas podrían aumentar los riesgos y los costes tanto para los inversores como para los prestatarios.
La legislación, que no se ha aprobado en los dos últimos años, pretende agilizar el proceso de impago y aliviar las cargas de negociación de los países endeudados. Sin embargo, los inversores temen que las pérdidas impuestas sean insostenibles para los acreedores privados, a diferencia de sus homólogos gubernamentales.
El debate sobre la justicia de la deuda se ha intensificado tras los impagos de países como Zambia, que se sometió a un proceso de reestructuración de tres años.
Los defensores de la justicia de la deuda apoyan los proyectos de ley de Nueva York, pero los inversores desconfían de sus implicaciones. El Banco Mundial ha subrayado la existencia de una "crisis silenciosa de la deuda", ya que se espera que los costes del servicio de la deuda de los países emergentes alcancen los 400.000 millones de dólares este año.
Expertos jurídicos y funcionarios de la ONU, como Rebeca Grynspan, Secretaria General de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, subrayan la necesidad de equilibrio en la legislación para evitar que el sector privado se aleje de los instrumentos de deuda beneficiosos.
Aunque las nuevas disposiciones legales, incluidas las cláusulas sobre desastres naturales, ya ofrecen cierta protección, el sector privado podría buscar jurisdicciones alternativas si se regula en exceso.
Transferir la jurisdicción de Nueva York a la legislación inglesa se considera factible debido a los sistemas jurídicos establecidos en ambos lugares, que son expertos en la gestión de impagos de deuda soberana.
Sin embargo, la creación de un nuevo régimen de reestructuración sin una base de derecho establecido y jueces experimentados sería un reto, según Andrew Wilkinson, socio principal de reestructuración del bufete de abogados Weil Gotshal.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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