CIUDAD DE MÉXICO, 6 abr (Reuters) - Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa acusó al Gobierno de México de violar acuerdos al hacer público un peritaje inconcluso, una de las partes más delicadas de las pesquisas del caso.
La fiscalía dio a conocer el viernes un confuso resumen de un nuevo peritaje en un basurero donde el Gobierno aseguró el año pasado que los 43 estudiantes del magisterio fueron incinerados tras ser secuestrados por policías coludidos con criminales en el sureño estado de Guerrero.
El peritaje estableció que existió fuego controlado en el basurero, ubicado en la localidad de Cocula, pero no fue concluyente en determinar si allí fueron incinerados los jóvenes a finales de septiembre del 2014. ID:nL5N175056
De acuerdo al grupo había un acuerdo con la fiscalía mexicana sobre que los peritos de fuego entregarían un informe concluyente, y no uno preliminar, para no sumar más confusiones a las ya existentes sobre el caso.
"El Grupo no seguirá colaborando en este caso (del basurero) con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito", dijo la ex fiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El equipo, que reveló el año pasado en un informe severas fallas en la investigación del caso, también se mostró molesto porque, según dijo, no se informó a las familias antes de hacer público el resumen del peritaje, tal como estaba acordado.
En su informe, los investigadores echaron por tierra la conclusión oficial de que los jóvenes fueron incinerados en ese basurero y posteriormente arrojados a un río, por lo que la fiscalía decidió hacer un nuevo peritaje.
La tensión entre el GIEI y el Gobierno ha escalado desde que a fines del año pasado empezó una campaña de desprestigio contra el grupo, con notas en periódicos donde se señalan fallas de sus integrantes en trabajos previos en sus respectivos países.
Los expertos dijeron en un comunicado que "detrás de estas acusaciones existen otros intereses para bloquear la investigación, centrar la discusión de nuevo en el basurero, fragmentar el expediente, obviar las otras líneas de investigación o incluso tratar de dar por cerrado el caso". (Reporte de Lizbeth Díaz. Editado por Javier Leira)