AeroMéxico arriesga con apuesta que podría llevarla a huelga

por Patricia Guerrero Medina

Infosel, enero. 14.- La petición de Grupo AeroMéxico (MX:AEROMEX), la línea aérea insignia del país, para terminar los contratos colectivos de trabajo que en la actualidad están vigentes con sus pilotos y sobrecargos, es un movimiento arriesgado que incluso podría poner en entredicho su operación.

Con la medida, conocida como "conflicto colectivo de naturaleza económica", intenta cumplir con su compromiso de reducir costos laborales, una de las condiciones para continuar con el desembolso de los fondos restantes del financiamiento preferencial por mil millones de dólares que acordó con el administrador de fondos de inversión Apollo Global Management, piedra angular de su reestructura bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Para solicitarlo, la compañía argumentó una situación de fuerza mayor por el impacto que la pandemia de covid-19 y las restricciones de movilidad impuestas para su combate tuvieron en su negocio, algo que, a decir lo de los especialistas, deberá demostrar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En este tipo de procedimientos, "al tribunal hay que demostrarle o que está en concurso mercantil o en quiebra o que eventualmente hay una incosteabilidad notoria de la operación y que a partir de ahí no puede seguir cumpliendo con las obligaciones laborales previstas en ese contrato", dijo en entrevista telefónica Marcela Calderón, socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de la consultora KPMG México.

El procedimiento, poco común pese a estar previsto en la Ley General del Trabajo porque implica la terminación de la relaciones y de contratos colectivos con prestaciones establecidas, es para la especialista una alternativa que las empresas tienen para afrontar dificultades económicas, como las derivadas de la pandemia.

Al igual que el resto de las empresas de la industria aérea, AeroMéxico resintió casi de inmediato el impacto de la pandemia, e incluso al día de hoy, 10 meses después del inicio de las medidas de confinamiento y demás restricciones para contener la propagación del virus, queda patente en sus números.

Tan solo en diciembre, el tráfico de pasajeros de la aerolínea cayó 36.7%, aunque en los meses más críticos de la emergencia sanitaria este indicador llegó a desplomarse más de 90%. Por el lado financiero, los ingresos de la aerolínea cayeron 74.5% en el tercer trimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año previo, de acuerdo con el último reporte financiero disponible.

"En caso de que [la junta] concluya que sí se da una de las causales, el contrato colectivo deja de surtir efecto y por tanto todo el clausulado y en particular las condiciones de trabajo establecidas. . . ya no se encontraría obligada la empresa [a cumplirlas]", agregó Calderón.

Claro que la apuesta de la aerolínea por este recurso no está exenta de riesgos, el más claro de ellos es el de un emplazamiento a huelga -y eventual cese de operaciones-- por parte de sus pilotos y sobrecargos, agrupados en las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores (ASPA) y de Sobrecargos de Aviación (ASSA), respectivamente.

El derecho a huelga puede ser planteado por los trabajadores por causales establecidos en la ley, como el incumplimiento de sus contratos colectivos, y obligaría a la JFCA a suspender el procedimiento iniciado por AeroMéxico para resolver la huelga, explicó a Infosel Andrés Rodríguez, socio del despacho legal Santamarina y Steta.

No obstante, este escenario sería posible siempre y cuando el emplazamiento sea realizado antes de que las autoridades laborales emitan un laudo --que puede ser favorable o no-- sobre el procedimiento solicitado por la empresa.

"Sería una forma de los trabajadores y de los sindicatos de defenderse del planteamiento que hizo la empresa", dijo el especialista en temas laborales en entrevista telefónica.

El antecedente más reciente de un paro de operaciones de la aerolínea por un conflicto laboral es de noviembre de 2017, cuando una protesta a brazos caídos por parte de sus pilotos --debido al despido de uno de sus colegas-- le impidieron a la compañía realizar más de medio centenar de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

Otro riesgo para la compañía es el relacionado con el tiempo que tomaría a las autoridades resolver el procedimiento, el cual puede ser impugnado por cualquiera de las partes y que podría prolongarse hasta tres años.

Este escenario, consideró el especialista de Santamarina y Steta, podría evitarse si ambas partes llegan a un acuerdo mediante un convenio, algo que podría ocurrir en cualquier momento.

AeroMéxico cuenta hasta el 27 de enero para llegar a una resolución con sus sindicatos que le permitan cumplir con las condiciones de Apollo y garantizar el acceso al financiamiento preferencial, del que ya recibió 375 millones de dólares.

Por lo pronto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó una intervención por parte de su administración para rescatar a la empresa.

"Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas", dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina. "Si nos dedicamos a eso, entonces fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública o nos endeudamos".

Para Rodríguez, no obstante, un rescate no es la única alternativa de las autoridades para contribuir a una solución entre empresa y sindicatos.

"Por más que no entren a rescatar, sí está obligado el gobierno, el área laboral, a buscar resolver de la mejor manera y que las partes resuelvan estos conflictos", apuntó.

AeroMéxico declinó hacer comentarios, mientras que ASSA y ASPA fueron contactados por Infosel sin respuesta.