Por Lizbeth Diaz
CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep (Reuters) - La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México informó el miércoles que encontró pruebas suficientes para determinar que efectivos militares y policías ejecutaron extrajudicialmente a dos personas y que realizaron "actos crueles" contra otras 13 en un enfrentamiento el año pasado.
El organismo de derechos humanos dijo que 13 personas fueron detenidas -entre ellas cuatro menores de edad- durante el choque entre las fuerzas de seguridad y un grupo de presuntos ladrones de combustible en el poblado de Palmarito, en el central estado Puebla.
Durante los hechos, ocurridos en mayo de 2017, los agentes también habrían manipulado los dos cadáveres, colocando junto a ellos armas de grueso calibre, dijo el organismo en un informe.
La CNDH pidió a la fiscalía avanzar en las investigaciones, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Subsecretaría de Seguridad Pública de Puebla la reparación del daño para las víctimas y a la petrolera estatal Pemex no prestar sus instalaciones para mantener detenidas a personas, como ocurrió en esa ocasión.
"Este caso es un ejemplo más de que el Ejército mexicano viola los derechos humanos (...) es tiempo de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles", dijo Amnistía Internacional, que días después de los hechos confirmó la veracidad de un video difundido en redes sociales donde se observaba a un militar disparando contra una persona sometida en el suelo.
Varias organizaciones delictivas que antes se dedicaban solo al tráfico de droga han incursionado en otros delitos como el robo de combustible que se ha extendido a diversas zonas del país desatando la violencia y genera pérdidas multimillonarias a Pemex.
No es la primera vez que militares y policías son acusados de cometer graves violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, secuestros, tortura, violaciones y otros delitos. En algunos casos los efectivos fueron detenidos por periodos cortos ya que, al menos en el caso militar, se rigen bajo sus propias leyes.
Por más de una década militares han fungido como policías, ante la debilidad y desprestigio de los cuerpos de seguridad, para combatir la creciente violencia que el año pasado marcó un récord con más de 30,000 muertes violentas.
El Gobierno mexicano mantiene "congelada" una polémica medida denominaba "Ley de Seguridad Interior" que regularía la presencia de las fuerzas armadas, pero organizaciones internacionales como la ONU han dicho que las operaciones militares de este tipo no deben continuar.
La Sedena no respondió de inmediato a solicitudes de información de Reuters, al igual que Pemex. (Reporte adicional de Ana Isabel Martínez, editado por Javier Leira)