En un movimiento significativo, el Tribunal Supremo de EE.UU. ordenó el lunes a un tribunal inferior que volviera a evaluar una demanda que implicaba a 21 empresas farmacéuticas y de equipos médicos, incluidos gigantes del sector como AstraZeneca (NASDAQ:LON:AZN), Pfizer (NYSE:NYSE:PFE), GE Healthcare USA, Johnson & Johnson (NYSE:NYSE:JNJ) y F. Hoffmann-La Roche. Estas empresas están acusadas de facilitar el terrorismo mediante contribuciones financieras ilegales que supuestamente provocaron la muerte y lesiones de numerosos soldados y civiles estadounidenses en Irak entre 2005 y 2011.
El litigio, iniciado en 2017, fue desestimado previamente por un juez federal en 2020. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia revocó esta decisión en 2022, permitiendo que el caso siguiera adelante. Los demandantes solicitan una indemnización no especificada en virtud de la Ley Antiterrorista, que permite a los ciudadanos estadounidenses presentar demandas relacionadas con actos de terrorismo internacional.
Las acusaciones se centran en los supuestos pagos de las empresas a la milicia Jaysh al-Mahdi, afiliada a Hezbolá, para obtener contratos de suministros médicos del Ministerio de Sanidad iraquí, que supuestamente estaba bajo el control de la milicia. Los demandantes sostienen que estas acciones equivalían a prestar apoyo a una organización terrorista.
Las empresas demandadas han negado sistemáticamente haber cometido delito alguno y sostienen que no son responsables de las acciones de las milicias iraquíes. Han citado una sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que protegía a la empresa de medios sociales Twitter, ahora conocida como X, de demandas similares en virtud de la Ley Antiterrorista. Este precedente subrayaba la necesidad de que los demandantes demuestren que un demandado ha contribuido consciente y sustancialmente a un acto terrorista.
Por el contrario, los demandantes han argumentado que su caso es notablemente diferente del escenario de Twitter, que implicaba alegaciones de inacción pasiva. Sostienen que los fabricantes de productos farmacéuticos y sanitarios incurrieron en una conducta deliberada y reprochable al proporcionar pagos a terroristas.
La decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia anterior y solicitar una reevaluación por el tribunal inferior abre la puerta a un mayor escrutinio jurídico de las acusaciones contra estas importantes entidades farmacéuticas. El resultado de esta reevaluación podría tener implicaciones significativas para las empresas implicadas y para el panorama jurídico más amplio relativo a la responsabilidad de las empresas en casos de terrorismo.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.