Ciudad de México, 11 jun (.).- La empresa estadounidense de cosméticos Mary Kay obtuvo un amparo provisional contra la reforma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe la subcontratación laboral u "outsourcing", informó este viernes el Poder Judicial.
"Se concede la suspensión provisional", estableció el fallo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo, con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución.
Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a otras cinco leyes, que promulgó el Gobierno el 24 de abril para limitar el "outsourcing", que considera herencia del "periodo neoliberal".
El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta el 50 % de costos.
Aunque de él dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente López Obrador lo tachó de "abusivo" y la Procuraduría Fiscal estimó más de 6.000 empresas de subcontratación ilegal que evadían al fisco por más de 21.000 millones de pesos al año (unos 875 millones de euros).
El amparo de Mary Kay, que realiza venta por catálogo, sorprendió porque las principales Cámaras del sector privado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya llegaron a un acuerdo con López Obrador y los sindicatos en una reunión el 5 de abril.
La jueza María del Carmen Leticia Hernández no detalló públicamente los argumentos para conceder el recurso a la compañía y fijó para el 18 de junio la audiencia incidental en la que determinará si concede una suspensión definitiva, según el expediente .
Desde la publicación de la reforma, las compañías tenían 90 días para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de "outsourcing".
Con el recurso, Mary Kay podrá seguir por ahora con la externalización que tenía antes de la nueva legislación.
La batalla legal ocurre mientras sindicatos estadounidenses han iniciado las primeras quejas bajo el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al detectar empresas que presuntamente no cumplen con el respeto a los derechos laborales y de asociación.
Durante su visita esta semana a México, la vicepresidenta Kamala Harris ofreció el apoyo de Washington a los sindicatos nacionales para proteger sus derechos, incluyendo un paquete de 130 millones de dólares (106 millones de euros) para que el Gobierno implemente la reforma laboral.