por Patricia Guerrero Medina
Infosel, octubre. 30.- Fomento de Construcciones y Contratas ( FCC (MC:FCC)), un conglomerado español de servicios y construcción en el que el empresario mexicano Carlos Slim es el principal accionista, fue imputado por las autoridades de España por el presunto pago de sobornos por 82 millones de euros (91 millones de dólares), para la adjudicación de obras en Panamá.
La compañía --a través de sus filiales FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias-- participó en un consorcio liderado por la compañía brasileña Odebrecht, para adjudicarse la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Panamá, así como de la llamada Ciudad Salud, también en ese país.
"Los participantes en las dos contrataciones, todo ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario. . . y en facturarlo al doble de su precio", dijo la Audiencia Nacional, el máximo tribunal de España, en un comunicado, en el que detalló que los recursos fueron utilizados para el pago de dádivas a empleados y dirigentes políticos en el país centroamericano.
FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en mayo y junio pasados, además de aportar 38 facturas y transferencias realizadas por servicios no prestados, de acuerdo con la Audiencia Nacional. Los funcionarios de la compañía que participaron ya fueron cesados.
Los hechos --según la Audiencia Nacional-- ocurrieron entre 2010 y 2014, este último año en el que el empresario mexicano Carlos Slim incursionó en el capital de FCC a cambio de una inyección de capital que permitió a la empresa llevar a cabo una reestructura financiera. Actualmente, el también dueño de la empresa de telecomunicaciones América Móvil cuenta con un interés superior a 60% en la empresa con sede en Barcelona.
Pese a la colaboración de la compañía, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, consideró que también tiene responsabilidad de los posibles delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales, por no activar protocolos para prevenir los delitos, ni para detectarlos.
Tras ser imputadas, las tres filiales de FCC contarán con cinco días hábiles para la designación de un representante, abogado y procurador.
