por Michelle del Campo
Infosel, septiembre. 24.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación en política pública y acción ciudadana, alertó de las consecuencias negativas que podría generar un supuesto acuerdo presidencial para establecer un trato regulatorio preferencial a las empresas estatales Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal Electricidad (CFE).
Esta política podría generar consecuencias como pérdida por inversiones en segmentos donde la compañía eléctrica es ineficiente, energía más costosa, violaciones a la legislación y el incumplimiento a tratados comerciales internacionales, entre otras, dijo IMCO, en un comunicado.
"El favorecer regulatoriamente a la CFE y cambiar el criterio mediante el cual el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) decide qué plantas de generación deben despachar electricidad a la red y en qué horarios implica, en los hechos, eliminar todas las señales de precios y certidumbre regulatoria que impiden o dificultan la operación de las plantas privadas. Asimismo, paralizan la inversión privada en el sector hacia el futuro. Las consecuencias de esto afectan a todos los mexicanos", dijo el organismo en el comunicado.
El martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los reguladores del mercado energético en el que se habría acordado favorecer a las empresas públicas de energía, Pemex y CFE, con bajo en el marco jurídico actual, dijeron fuentes con conocimiento del asunto a Expansión.
En la víspera, Alfonso Morocos Flores, director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el organismo encargado de operar el mercado eléctrico presentó su renuncia, y medios como El Universal y La Jornada reportaron que esa posición será asumida por Carlos Meléndez, quien se desempeñaba como subdirector corporativo de Estrategia y Regulación de la CFE.
IMCO señaló que dar prioridad regulatoria a CFE podría genera un precedente negativo para el ambiente de inversión en el país, en un contexto de finanzas públicas presionadas, además de vulneraciones al Estado de derecho, al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos.
De acuerdo con el organismo, las necesidades del país en materia de energía eléctrica rebasan la capacidad de inversión de CFE, además que darle prioridad regulatoria no permitiría al país cubrir con el objetivo de generar 35% de su electricidad con energías limpias para 2024.
"La transición energética no será posible sin energías renovables y sin atraer inversión privada en el mercado de generación eléctrica", agregó IMCO. "El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 deja manifiesto que la CFE no tiene los recursos financieros para asumir por sí sola las necesidades de inversión en infraestructura eléctrica".