El supervisor de la privacidad de datos personales en Francia, la CNIL, impuso este miércoles a Monsanto, propiedad de Bayer (DE:BAYGN), una multa de 400,000 euros (473,000 dólares) por haber fichado ilegalmente a personalidades públicas, periodistas y activistas durante el debate sobre la prohibición del glifosato.
El regulador, que examinó siete demandas “especialmente de personas afectadas”, achaca a la empresa haber faltado a su obligación de informar a los afectados, que conocieron la existencia de esta lista cuando los medios la revelaron en mayo de 2019.
La CNIL precisó que “la creación de ficheros de contactos por representantes de intereses con fines de cabildeo no es, en sí mismo, ilegal. En cambio, solo pueden figurar personas que puedan razonablemente esperar, por su notoriedad o su actividad, ser contactadas”.
Además, “los datos del fichero deben haber sido recabados legalmente y las personas deben ser informadas de su existencia para que puedan ejercer sus derechos, en particular su derecho de oposición”.
La entidad reguladora considera además que Monsanto incumplió su obligación de supervisar el tratamiento de los datos por subcontratistas.
Según su investigación, el fichero contenía “más de 200 personalidades”, que tenían una nota “del 1 al 5” para evaluar “su influencia, su credibilidad y su apoyo a la compañía Monsanto en varios asuntos como pesticidas o organismos genéticamente modificados”.
El asunto desvelado en 2019 por el diario Le Monde y la cadena France 2 se extendió rápidamente a Europa, ya que también existían listas similares en Alemania, Italia, Holanda, Polonia y el Reino Unido, así como para las instituciones europeas, indicó Bayer que se disculpó entonces.
El grupo alemán cuestionó este miércoles que fuera “responsable del tratamiento de datos”, que atribuye sobre todo a la agencia de comunicación que estaba a cargo del fichero.
“Son ellos los que tenían la obligación de informar a las personas incluso si el beneficiario final del fichero era Monsanto”, dijo a la AFP Yann Padova, abogado de Bayer-Monsanto.
El grupo, que afirma que ya no se utiliza la lista después que la Comisión Europea renovará en 2017 por cinco años la autorización del glifosato, estudia un eventual recurso ante el Consejo de Estado.
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