por Michelle del Campo
Infosel, septiembre. 18.- Odyssey Marine Exploration, una compañía estadounidense dedicada al dragado en aguas profundas para la explotación de recursos en el lecho marino, presentó su primer memorial de pruebas como parte de un caso contra del gobierno de México con el cual pretende obtener dos mil 300 millones de dólares por reparación de daños.
El proceso de arbitraje, solicitado bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señala que México, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de manera errada rechazó la solicitud de su subsidiaria Exploraciones Oceánicas para emprender un proyecto de extracción de fosfato cerca de la península de Baja California, dijo Odyssey, en un comunicado.
"Este arbitraje del TLCAN está siendo administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y se espera que una versión redactada del Primer Memorial esté disponible para el público en aproximadamente 60 días", dijo Odyssey, en el comunicado.
Los argumentos de la empresa contra el gobierno de México consideran señalamientos al respecto de que el gobierno violó el estándar mínimo de trato, expropió indirectamente la inversión y la trató de forma menos favorable que a los inversionistas nacionales.
El arbitraje se vislumbra como un largo proceso. La audiencia está programada para enero de 2022, a menos que las partes tengan la capacidad de entablar negociaciones y lo resuelvan antes.
En abril de 2019, Odyssey envió al gobierno mexicano una notificación de arbitraje vinculado a un proyecto de extracción de fosfato cercano a la península de Baja California, lugar de uno de los mayores depósitos de fosfato en el planeta, para el cual le fue negado el permiso ambiental aún bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La compañía de exploración está solicitando a México el pago de daños, además de los intereses y el costo del arbitraje y legales relacionados con el proceso.
Si bien espera obtener una cifra elevada, los 2,300 millones de dólares que pretende son dos terceras partes de los tres mil 500 millones que reclamaba en un inicio.
La empresa argumenta que el rechazo de la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en ese entonces encabezada por Rafael Pacchiano, fue injustificada y destruyó el valor de su inversión; a la par de considerarse discriminada, ya que esa dependencia aprobó otros proyectos con mayor sensibilidad ambiental, pero que eran promovidos o controlados por empresas mexicanas, violando así el capítulo 11 del TLCAN.
Las pruebas presentadas a inicios de septiembre por Odyssey a CIADI, el organismo que administra el proceso, presentan el testimonio de expertos legales y ambientales señalando que el impacto ambiental del proyecto es mínimo, además de opiniones de geólogos, ingenieros y especialistas en el mercado de fosfato, señalando que el proyecto sería uno e los de menor costo en el mundo, comercialmente viable y rentable.
En junio del año paso, Odyssey, recibió un financiamiento para solventar el arbitraje que fue provisto por un tercero especializado en respaldar este tipo de litigios internacionales, permitirá a Odyssey mantener enfocados sus activos al desarrollo de su portafolio de extracción de minerales submarinos.
Infosel, septiembre. 18.- Odyssey Marine Exploration, una compañía estadounidense dedicada al dragado en aguas profundas para la explotación de recursos en el lecho marino, presentó su primer memorial de pruebas como parte de un caso contra del gobierno de México con el cual pretende obtener dos mil 300 millones de dólares por reparación de daños.
El proceso de arbitraje, solicitado bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señala que México, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de manera errada rechazó la solicitud de su subsidiaria Exploraciones Oceánicas para emprender un proyecto de extracción de fosfato cerca de la península de Baja California, dijo Odyssey, en un comunicado.
"Este arbitraje del TLCAN está siendo administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y se espera que una versión redactada del Primer Memorial esté disponible para el público en aproximadamente 60 días", dijo Odyssey, en el comunicado.
Los argumentos de la empresa contra el gobierno de México consideran señalamientos al respecto de que el gobierno violó el estándar mínimo de trato, expropió indirectamente la inversión y la trató de forma menos favorable que a los inversionistas nacionales.
El arbitraje se vislumbra como un largo proceso. La audiencia está programada para enero de 2022, a menos que las partes tengan la capacidad de entablar negociaciones y lo resuelvan antes.
En abril de 2019, Odyssey envió al gobierno mexicano una notificación de arbitraje vinculado a un proyecto de extracción de fosfato cercano a la península de Baja California, lugar de uno de los mayores depósitos de fosfato en el planeta, para el cual le fue negado el permiso ambiental aún bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La compañía de exploración está solicitando a México el pago de daños, además de los intereses y el costo del arbitraje y legales relacionados con el proceso.
Si bien espera obtener una cifra elevada, los 2,300 millones de dólares que pretende son dos terceras partes de los tres mil 500 millones que reclamaba en un inicio.
La empresa argumenta que el rechazo de la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en ese entonces encabezada por Rafael Pacchiano, fue injustificada y destruyó el valor de su inversión; a la par de considerarse discriminada, ya que esa dependencia aprobó otros proyectos con mayor sensibilidad ambiental, pero que eran promovidos o controlados por empresas mexicanas, violando así el capítulo 11 del TLCAN.
Las pruebas presentadas a inicios de septiembre por Odyssey a CIADI, el organismo que administra el proceso, presentan el testimonio de expertos legales y ambientales señalando que el impacto ambiental del proyecto es mínimo, además de opiniones de geólogos, ingenieros y especialistas en el mercado de fosfato, señalando que el proyecto sería uno e los de menor costo en el mundo, comercialmente viable y rentable.
En junio del año paso, Odyssey, recibió un financiamiento para solventar el arbitraje que fue provisto por un tercero especializado en respaldar este tipo de litigios internacionales, permitirá a Odyssey mantener enfocados sus activos al desarrollo de su portafolio de extracción de minerales submarinos.