por Michelle del Campo
Infosel, mayo. 27.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la entidad del gobierno encargada vigilar el cumplimiento de las leyes para la protección ambiental, clausuró cuatro granjas porcícolas ubicadas en la Península de Yucatán, tras las denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales y miembros de las comunidades mayas.
El organismo realizó una inspección en las plantas ubicadas en Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida y encontró que no contaban con las autorizaciones en materia de impacto ambiental federal, ni los resultados de sus descargas de aguas residuales, además de una inadecuada gestión y manejo de residuos peligrosos, dijo Profepa en una publicación en su cuenta de Twitter.
"La Profepa establecerá las estrategias de atención a la problemática ambiental que genera esta industria para identificar. . . si existen proyectos en proceso de autorización en materia de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo en zonas de selva baja, que deben ser evaluados antes de emitir un resolutivo favorable", agregó Profepa en la publicación.
La dependencia no detalló el nombre de las empresas vinculadas a estos centros de producción porcícola.
Las organizaciones sociales que denunciarion la situación, entre las que se encuentran, Greenpeace, Artículo 19, Misioneros A.C. e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos consideraron que las acciones de Profepa son el primer paso para remediar la situación ambiental por la operación de estos centros.
"Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentamos dicha denuncia, vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola", señalaron las organizaciones, en un comunicado independiente, en el que agregaron la importancia de reconocer el derecho a la libre determinación del pueblo maya.
El mes pasado, estas organizaciones ambientalistas, respaldadas por 21 comunidades mayas, solicitaron a las autoridades ambientales establecer una moratoria a las autorizaciones de construcción de cualquier granja industrial porcina en la península Yucatán, ya que consideran la expansión de este tipo de actividad ha degradado el agua, el suelo y el aire en esa región.
La petición busca que el gobierno federal ponga pausa a este tipo de permisos para la creación de granjas nuevas o la expansión de las existentes hasta que se realice un estudio que pueda evaluar adecuadamente la capacidad de carga del sistema ambiental de la Península de Yucatán, para estas operaciones industriales.
De acuerdo con las organizaciones, actualmente existen en la Península de Yucatán 257 granjas industriales de cerdos que producen más de un millón de animales al año, aproximadamente 14% de la capacidad de producción del país.
La mayor parte de estas operaciones, 86%, están ubicadas en el estado de Yucatán, principalmente en los municipios aledaños a la ciudad de Mérida, y el resto en Quintana Roo y Campeche.
Infosel, mayo. 27.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la entidad del gobierno encargada vigilar el cumplimiento de las leyes para la protección ambiental, clausuró cuatro granjas porcícolas ubicadas en la Península de Yucatán, tras las denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales y miembros de las comunidades mayas.
El organismo realizó una inspección en las plantas ubicadas en Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida y encontró que no contaban con las autorizaciones en materia de impacto ambiental federal, ni los resultados de sus descargas de aguas residuales, además de una inadecuada gestión y manejo de residuos peligrosos, dijo Profepa en una publicación en su cuenta de Twitter.
"La Profepa establecerá las estrategias de atención a la problemática ambiental que genera esta industria para identificar. . . si existen proyectos en proceso de autorización en materia de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo en zonas de selva baja, que deben ser evaluados antes de emitir un resolutivo favorable", agregó Profepa en la publicación.
La dependencia no detalló el nombre de las empresas vinculadas a estos centros de producción porcícola.
Las organizaciones sociales que denunciarion la situación, entre las que se encuentran, Greenpeace, Artículo 19, Misioneros A.C. e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos consideraron que las acciones de Profepa son el primer paso para remediar la situación ambiental por la operación de estos centros.
"Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentamos dicha denuncia, vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola", señalaron las organizaciones, en un comunicado independiente, en el que agregaron la importancia de reconocer el derecho a la libre determinación del pueblo maya.
El mes pasado, estas organizaciones ambientalistas, respaldadas por 21 comunidades mayas, solicitaron a las autoridades ambientales establecer una moratoria a las autorizaciones de construcción de cualquier granja industrial porcina en la península Yucatán, ya que consideran la expansión de este tipo de actividad ha degradado el agua, el suelo y el aire en esa región.
La petición busca que el gobierno federal ponga pausa a este tipo de permisos para la creación de granjas nuevas o la expansión de las existentes hasta que se realice un estudio que pueda evaluar adecuadamente la capacidad de carga del sistema ambiental de la Península de Yucatán, para estas operaciones industriales.
De acuerdo con las organizaciones, actualmente existen en la Península de Yucatán 257 granjas industriales de cerdos que producen más de un millón de animales al año, aproximadamente 14% de la capacidad de producción del país.
La mayor parte de estas operaciones, 86%, están ubicadas en el estado de Yucatán, principalmente en los municipios aledaños a la ciudad de Mérida, y el resto en Quintana Roo y Campeche.