por Fernanda Celis
Infosel, agosto. 6.- En la antesala de la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal de alimentos --que obligará al uso de sellos octagonales de un tamaño considerable en los paquetes de galletas, botanas, refrescos, dulces, sopas instantáneas, entre otros para indicar altos contenidos de azúcares, sodios, calorías y grasas saturadas-- la industria de alimentos y bebidas enfrenta lo que podría conformarse como un nuevo frente.
Las empresas líderes del sector recibieron un duro golpe con la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca, que prohíbe la venta de los productos llamados también "chatarra" a menores de edad, algo similar a lo que sucede ya con la comercialización de cigarros y alcohol.
El aval, podría abrir la puerta a que reformas similares a la impulsada por diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sean replicadas en otros estados, de acuerdo con especialistas.
"Algo que se está pretendiendo es que se homologuen todas estas políticas, tenemos ahora la parte de la regulación del etiquetado, entonces sería bueno que esto se regulara, que se prohíban los productos que tengan sellos de advertencia o leyendas precautorias para niños, y a partir de ello medir resultados", dijo Ana Munguía, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), al participar en una videoconferencia.
Este tipo de medidas, consideró la especialista del INSP, son favorables ya que tan solo con el etiquetado de advertencia se podría reducir alrededor de 40 mil millones de pesos (mil 784.9 millones de dólares) por la prevención de casos relacionados con sobrepeso y obesidad.
Incluso, ya hay gobiernos que levantaron la mano para perfilarse en las siguientes entidades en implementar este tipo de iniciativas, como el de Tabasco, encabezado por Augusto Adán López, emanado de las filas de Morena.
Su administración alista una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud de la entidad, para prohibir la venta, distribución y promoción de productos no saludables a menores de edad.
"Debemos de regresar en la medida de lo posible a la alimentación tradicional y hay que iniciar con los niños para que vayan educándose", dijo el mandatario estatal sobre la iniciativa, que presentará la próxima semana, durante una gira de trabajo por el municipio de Centro.
Para la iniciativa privada, no obstante, los recién aprobados cambios legislativos además de no solucionar en su totalidad la incidencia de problemas de salud en menores asociados al consumo de este tipo de productos, como la obesidad infantil, un padecimiento del cual México ocupa el primer lugar en el mundo.
"Lamentamos que no hubo apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso del Estado a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición votada el día de hoy, sin tomar en cuenta a las partes afectadas", dijeron en un posicionamiento conjunto la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), que representa a empresas embotelladoras como Arca Continental (DE:CONG) y Coca-Cola (NYSE:KO) Femsa.
El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que agrupa a empresas como Grupo Bimbo (MX:BIMBOA) y Gepp, embotellador de Pepsi (NASDAQ:PEP) y productor de botanas, y otras cámaras empresariales y de sectores como el restaurantero y de comerciantes, también participaron en el posicionamiento.
Los analistas consideraron que la medida podría tener impacto en los volúmenes de venta, sobre todo en tiempos donde la industria está resentida por los efectos del confinamiento y las limitantes al consumo, de acuerdo con la casa de bolsa Monex.
La iniciativa privada cuenta ya con las primeras estimaciones que los cambios legislativos tendrán en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, así como afectaciones a productores artesanales y pequeños comercios locales.
Anpec estima que alrededor de 58 mil pequeños comercios, entre ellos tiendas de abarrotes, taquerías, fondas, antojerías, locatarios de la central de abastos y otros, registrarán caídas en sus ventas, incluso muchos podrían cerrar sus negocios, además de generar desabasto y especulación de precios.
"Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos", dijo el Consejo Coordinador Empresarial, que también representa a la iniciativa privada, en un comunicado en el que también se sumó al rechazo a los cambios.
Para las autoridades de salud, no obstante, los problemas asociados al consumo de los llamados productos chatarra deben estar por encima de los intereses económicos que están detrás de esta industria, como sucede con la tabacalera.
"Desde los años 80 se empezó a construir, conforme crecía la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres que están asociados con la obesidad, y se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados", dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en una conferencia el 21 de julio.
"Pero volvemos a lo mismo, hay intereses que han llevado en administraciones previas a que se oculte esa información o a que se usen eufemismos y se diga: 'bueno, sí, pero salta, brinca, muévete y chécate'", agregó quien también abandera la estrategia de prevención en la propagación de la pandemia de covid-19 en el país.
Por lo pronto, los cambios a la legislación en Oaxaca --y la posibilidad de extenderse a otros estados-- abren un nuevo frente entre la industria y la administración de López Obrador, que ha encontrado en algunas organizaciones de la sociedad civil un aliado.
Tal es el caso de El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa organizaciones sociales y profesionistas preocupados por el sobrepeso y obesidad en México y quienes fueron férreos promotores del etiquetado frontal, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.
Estas asociaciones, incluso aseguran que la Anprac ha negado el rol de las bebidas azucaradas en la salud de los mexicanos, con "argumentos motivados por su propio interés comercial y carecen de fundamentos con base en la evidencia científica".
Las empresas tendrán hasta diciembre --ya que el gobierno mexicano dará la oportunidad de no imponer sanciones por dicha norma hasta ese mes-- para realizar cambios en sus empaques y adoptar el nuevo etiquetado frontal.
Infosel, agosto. 6.- En la antesala de la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal de alimentos --que obligará al uso de sellos octagonales de un tamaño considerable en los paquetes de galletas, botanas, refrescos, dulces, sopas instantáneas, entre otros para indicar altos contenidos de azúcares, sodios, calorías y grasas saturadas-- la industria de alimentos y bebidas enfrenta lo que podría conformarse como un nuevo frente.
Las empresas líderes del sector recibieron un duro golpe con la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca, que prohíbe la venta de los productos llamados también "chatarra" a menores de edad, algo similar a lo que sucede ya con la comercialización de cigarros y alcohol.
El aval, podría abrir la puerta a que reformas similares a la impulsada por diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sean replicadas en otros estados, de acuerdo con especialistas.
"Algo que se está pretendiendo es que se homologuen todas estas políticas, tenemos ahora la parte de la regulación del etiquetado, entonces sería bueno que esto se regulara, que se prohíban los productos que tengan sellos de advertencia o leyendas precautorias para niños, y a partir de ello medir resultados", dijo Ana Munguía, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), al participar en una videoconferencia.
Este tipo de medidas, consideró la especialista del INSP, son favorables ya que tan solo con el etiquetado de advertencia se podría reducir alrededor de 40 mil millones de pesos (mil 784.9 millones de dólares) por la prevención de casos relacionados con sobrepeso y obesidad.
Incluso, ya hay gobiernos que levantaron la mano para perfilarse en las siguientes entidades en implementar este tipo de iniciativas, como el de Tabasco, encabezado por Augusto Adán López, emanado de las filas de Morena.
Su administración alista una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud de la entidad, para prohibir la venta, distribución y promoción de productos no saludables a menores de edad.
"Debemos de regresar en la medida de lo posible a la alimentación tradicional y hay que iniciar con los niños para que vayan educándose", dijo el mandatario estatal sobre la iniciativa, que presentará la próxima semana, durante una gira de trabajo por el municipio de Centro.
Para la iniciativa privada, no obstante, los recién aprobados cambios legislativos además de no solucionar en su totalidad la incidencia de problemas de salud en menores asociados al consumo de este tipo de productos, como la obesidad infantil, un padecimiento del cual México ocupa el primer lugar en el mundo.
"Lamentamos que no hubo apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso del Estado a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición votada el día de hoy, sin tomar en cuenta a las partes afectadas", dijeron en un posicionamiento conjunto la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), que representa a empresas embotelladoras como Arca Continental (DE:CONG) y Coca-Cola (NYSE:KO) Femsa.
El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que agrupa a empresas como Grupo Bimbo (MX:BIMBOA) y Gepp, embotellador de Pepsi (NASDAQ:PEP) y productor de botanas, y otras cámaras empresariales y de sectores como el restaurantero y de comerciantes, también participaron en el posicionamiento.
Los analistas consideraron que la medida podría tener impacto en los volúmenes de venta, sobre todo en tiempos donde la industria está resentida por los efectos del confinamiento y las limitantes al consumo, de acuerdo con la casa de bolsa Monex.
La iniciativa privada cuenta ya con las primeras estimaciones que los cambios legislativos tendrán en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, así como afectaciones a productores artesanales y pequeños comercios locales.
Anpec estima que alrededor de 58 mil pequeños comercios, entre ellos tiendas de abarrotes, taquerías, fondas, antojerías, locatarios de la central de abastos y otros, registrarán caídas en sus ventas, incluso muchos podrían cerrar sus negocios, además de generar desabasto y especulación de precios.
"Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos", dijo el Consejo Coordinador Empresarial, que también representa a la iniciativa privada, en un comunicado en el que también se sumó al rechazo a los cambios.
Para las autoridades de salud, no obstante, los problemas asociados al consumo de los llamados productos chatarra deben estar por encima de los intereses económicos que están detrás de esta industria, como sucede con la tabacalera.
"Desde los años 80 se empezó a construir, conforme crecía la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres que están asociados con la obesidad, y se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados", dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en una conferencia el 21 de julio.
"Pero volvemos a lo mismo, hay intereses que han llevado en administraciones previas a que se oculte esa información o a que se usen eufemismos y se diga: 'bueno, sí, pero salta, brinca, muévete y chécate'", agregó quien también abandera la estrategia de prevención en la propagación de la pandemia de covid-19 en el país.
Por lo pronto, los cambios a la legislación en Oaxaca --y la posibilidad de extenderse a otros estados-- abren un nuevo frente entre la industria y la administración de López Obrador, que ha encontrado en algunas organizaciones de la sociedad civil un aliado.
Tal es el caso de El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa organizaciones sociales y profesionistas preocupados por el sobrepeso y obesidad en México y quienes fueron férreos promotores del etiquetado frontal, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.
Estas asociaciones, incluso aseguran que la Anprac ha negado el rol de las bebidas azucaradas en la salud de los mexicanos, con "argumentos motivados por su propio interés comercial y carecen de fundamentos con base en la evidencia científica".
Las empresas tendrán hasta diciembre --ya que el gobierno mexicano dará la oportunidad de no imponer sanciones por dicha norma hasta ese mes-- para realizar cambios en sus empaques y adoptar el nuevo etiquetado frontal.