por Michelle del Campo
Infosel, enero. 15.- La Suprema Corte de Justicia (SCJN), el máximo órgano judicial del país, tiene en sus manos una decisión que podría sentar un precedente al respecto de la manera en que se gestionan las contingencias ambientales en el país y el carácter privado de los instrumentos financieros.
La Segunda Sala tiene programado para este miércoles analizar tres solicitudes de amparo vinculados al Fideicomiso Río Sonora, un instrumento privado creado por subsidiarias de uno de los mayores conglomerados empresariales del país, Grupo México, para pagar los daños causados por el derrame de su mina Buena Vista del Cobre ocurrido en agosto de 2014, como parte de un acuerdo establecido con autoridades ambientales que permitió acelerar la atención de la contingencia.
"El fideicomiso no era una figura indispensable para el proceso, ni está exigida en la ley como el modo de implementar un convenio de esta naturaleza, se trató de la forma elegida y establecida por la empresa para servir de medio de pago", explicaron a Sentido Común fuentes de Grupo México. "Su extinción no liberó de ninguna obligación legal o contractual".
De acuerdo con las fuentes consultadas, el fideicomiso acordado con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) permitió acelerar la atención a la contingencia.
Los demandantes, 35 personas de la región que han sido acompañadas por Project on Organizing, Development, Education, and Research, una organización mejor conocida como PODER, que promueve la rendición de cuentas de parte de los corporativos, buscan que Suprema Corte declare al Fideicomiso Río Sonora, como autoridad responsable, lo que, de acuerdo con ellos, permitiría la reapertura de este instrumento para garantizar la reparación total de los daños.
El fideicomiso fue administrado por un Comité Técnico que fue presidido por autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El grupo de pobladores, identificados como Comités de Cuenca también solicitó a la Corte un amparo vinculado al actuar de las autoridades al respecto de un Proyecto de Reactivación Agropecuaria y otro vinculado a la decisión del gobierno federal de cerrar el instrumento financiero y dar como concluido el programa de remediación ambiental acordado con Grupo México.
En contraste, para Grupo México, que recibió de las autoridades el reconocimiento de haber cumplido con sus obligaciones al respecto del derrame, la decisión de la Corte tendría implicaciones sobre la certidumbre jurídica de los medios alternos de solución de controversias, establecidos constitucionalmente, como opción para casos que requieren un actuar urgente por parte de autoridades y responsables privados de una contingencia ambiental.
"Si no son formas efectivas para dar por terminado un problema se regresa al desafortunado escenario en que las empresas habilitan ejércitos de abogados y enfrenten largos juicios; las soluciones urgentes a los problemas se dilatan y quedan a resultas de largos procedimientos y extensos recursos y defensas, el incentivo se torna perverso", de acuerdo con fuentes de Grupo México.
Para la compañía, que tiene intereses en los sectores minero, ferroviario y de infraestructura, la Suprema Corte también deberá sopesar la figura de la consulta pública como precondición para el actuar de las autoridades ambientales en este tipo de casos.
"La ponderación aquí es entre dos valores: la protección del medio ambiente y de las personas al respecto de los efectos de los accidentes que ocurren en la industria, lo cual se logra mediante la actuación oportuna de las autoridades, frente al derecho de ser informados y opinar en estos temas", de acuerdo con las fuentes de Grupo México.
Por otro lado, al respecto del controversial carácter público del fideicomiso, las mismas fuentes reafirmaron que este instrumento se creó como un acto privado, algo que consideraron escapa a la Ley de Amparo, la cual por su propia naturaleza es una herramienta originada como protección de las autoridades de gobierno.
Además, la empresa señaló la existencia de un presunto abuso del proceso por parte de los promotores de los amparos, proceso ya que 28 de los 35 reclamantes habrían sido beneficiarios de los recursos del fideicomiso, algo que habría sido ocultado a las autoridades judiciales.
"No debió admitirse, tramitarse, ni debe resolverse el amparo respecto de actos que fueron no sólo plenamente conocidos por los reclamantes, sino de los cuales se beneficiaron y los consintieron expresamente, tres años antes", dijeron fuentes de Grupo México. "Al día de hoy, esta circunstancia ya fue probada ante los señores ministros, quienes seguramente lo tomarán en consideración al resolver el asunto".
Fuentes de la empresa señalaron a PODER, quien ha acompañado el proceso del grupo de pobladores, de responder a los intereses del senador Napoléon Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana; y de diversos sindicatos extranjeros como American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), que señalaron buscarían la desestabilización del país.
El líder minero sostiene una rivalidad de años con el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se agravó tras el siniestro en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, que dejó 65 trabajadores muertos en 2006; así como la polémica por el destino de 55 millones de dólares que la empresa pagó a un grupo de mineros por la adquisición de un interés que poseían en Buenavista del Cobre.
Al ser consultada al respecto PODER rechazó, en una declaración por escrito, vínculos con el senador Gómez Urrutia y señaló que el hecho de que existieran o no firmantes del amparo que hubieran recibido fondos del fideicomiso no invalidaría ni jurídica, ni éticamente las aspiraciones de los demandantes.
"Todos los amparos que se han promovido por parte de los Comités de Cuenca Río Sonora se fundamentan en el interés legítimo de las comunidades; buscan la justicia y la remediación integral para la colectividad de personas afectadas por el derrame de 2014 y la participación efectiva de las mismas", señaló PODER en respuesta a los señalamientos.
Grupo México no descartó la posibilidad de que una decisión de la Suprema Corte pueda obligar eventualmente a las autoridades a solicitar a la empresa apoyos adicionales para la remediación.
"Si la Corte provoca que las autoridades ambientales declaren que la empresa debe otorgar apoyos adicionales a los quejosos esto puede suceder sin tener que reabrir un fideicomiso privado, creado a voluntad exclusiva de la empresa y que además cumplió ampliamente sus fines", de acuerdo con fuentes de Grupo México.
Infosel, enero. 15.- La Suprema Corte de Justicia (SCJN), el máximo órgano judicial del país, tiene en sus manos una decisión que podría sentar un precedente al respecto de la manera en que se gestionan las contingencias ambientales en el país y el carácter privado de los instrumentos financieros.
La Segunda Sala tiene programado para este miércoles analizar tres solicitudes de amparo vinculados al Fideicomiso Río Sonora, un instrumento privado creado por subsidiarias de uno de los mayores conglomerados empresariales del país, Grupo México, para pagar los daños causados por el derrame de su mina Buena Vista del Cobre ocurrido en agosto de 2014, como parte de un acuerdo establecido con autoridades ambientales que permitió acelerar la atención de la contingencia.
"El fideicomiso no era una figura indispensable para el proceso, ni está exigida en la ley como el modo de implementar un convenio de esta naturaleza, se trató de la forma elegida y establecida por la empresa para servir de medio de pago", explicaron a Sentido Común fuentes de Grupo México. "Su extinción no liberó de ninguna obligación legal o contractual".
De acuerdo con las fuentes consultadas, el fideicomiso acordado con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) permitió acelerar la atención a la contingencia.
Los demandantes, 35 personas de la región que han sido acompañadas por Project on Organizing, Development, Education, and Research, una organización mejor conocida como PODER, que promueve la rendición de cuentas de parte de los corporativos, buscan que Suprema Corte declare al Fideicomiso Río Sonora, como autoridad responsable, lo que, de acuerdo con ellos, permitiría la reapertura de este instrumento para garantizar la reparación total de los daños.
El fideicomiso fue administrado por un Comité Técnico que fue presidido por autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El grupo de pobladores, identificados como Comités de Cuenca también solicitó a la Corte un amparo vinculado al actuar de las autoridades al respecto de un Proyecto de Reactivación Agropecuaria y otro vinculado a la decisión del gobierno federal de cerrar el instrumento financiero y dar como concluido el programa de remediación ambiental acordado con Grupo México.
En contraste, para Grupo México, que recibió de las autoridades el reconocimiento de haber cumplido con sus obligaciones al respecto del derrame, la decisión de la Corte tendría implicaciones sobre la certidumbre jurídica de los medios alternos de solución de controversias, establecidos constitucionalmente, como opción para casos que requieren un actuar urgente por parte de autoridades y responsables privados de una contingencia ambiental.
"Si no son formas efectivas para dar por terminado un problema se regresa al desafortunado escenario en que las empresas habilitan ejércitos de abogados y enfrenten largos juicios; las soluciones urgentes a los problemas se dilatan y quedan a resultas de largos procedimientos y extensos recursos y defensas, el incentivo se torna perverso", de acuerdo con fuentes de Grupo México.
Para la compañía, que tiene intereses en los sectores minero, ferroviario y de infraestructura, la Suprema Corte también deberá sopesar la figura de la consulta pública como precondición para el actuar de las autoridades ambientales en este tipo de casos.
"La ponderación aquí es entre dos valores: la protección del medio ambiente y de las personas al respecto de los efectos de los accidentes que ocurren en la industria, lo cual se logra mediante la actuación oportuna de las autoridades, frente al derecho de ser informados y opinar en estos temas", de acuerdo con las fuentes de Grupo México.
Por otro lado, al respecto del controversial carácter público del fideicomiso, las mismas fuentes reafirmaron que este instrumento se creó como un acto privado, algo que consideraron escapa a la Ley de Amparo, la cual por su propia naturaleza es una herramienta originada como protección de las autoridades de gobierno.
Además, la empresa señaló la existencia de un presunto abuso del proceso por parte de los promotores de los amparos, proceso ya que 28 de los 35 reclamantes habrían sido beneficiarios de los recursos del fideicomiso, algo que habría sido ocultado a las autoridades judiciales.
"No debió admitirse, tramitarse, ni debe resolverse el amparo respecto de actos que fueron no sólo plenamente conocidos por los reclamantes, sino de los cuales se beneficiaron y los consintieron expresamente, tres años antes", dijeron fuentes de Grupo México. "Al día de hoy, esta circunstancia ya fue probada ante los señores ministros, quienes seguramente lo tomarán en consideración al resolver el asunto".
Fuentes de la empresa señalaron a PODER, quien ha acompañado el proceso del grupo de pobladores, de responder a los intereses del senador Napoléon Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana; y de diversos sindicatos extranjeros como American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), que señalaron buscarían la desestabilización del país.
El líder minero sostiene una rivalidad de años con el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se agravó tras el siniestro en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, que dejó 65 trabajadores muertos en 2006; así como la polémica por el destino de 55 millones de dólares que la empresa pagó a un grupo de mineros por la adquisición de un interés que poseían en Buenavista del Cobre.
Al ser consultada al respecto PODER rechazó, en una declaración por escrito, vínculos con el senador Gómez Urrutia y señaló que el hecho de que existieran o no firmantes del amparo que hubieran recibido fondos del fideicomiso no invalidaría ni jurídica, ni éticamente las aspiraciones de los demandantes.
"Todos los amparos que se han promovido por parte de los Comités de Cuenca Río Sonora se fundamentan en el interés legítimo de las comunidades; buscan la justicia y la remediación integral para la colectividad de personas afectadas por el derrame de 2014 y la participación efectiva de las mismas", señaló PODER en respuesta a los señalamientos.
Grupo México no descartó la posibilidad de que una decisión de la Suprema Corte pueda obligar eventualmente a las autoridades a solicitar a la empresa apoyos adicionales para la remediación.
"Si la Corte provoca que las autoridades ambientales declaren que la empresa debe otorgar apoyos adicionales a los quejosos esto puede suceder sin tener que reabrir un fideicomiso privado, creado a voluntad exclusiva de la empresa y que además cumplió ampliamente sus fines", de acuerdo con fuentes de Grupo México.