por Michelle del Campo
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Infosel, mayo. 7.- Productores de tomates mexicanos comenzarán a pagar a partir de hoy derechos provisionales de 17.5% al exportar sus productos a Estados Unidos, ante la imposibilidad de concretar un nuevo acuerdo con el Departamento de Comercio de ese país para suspender la investigación antidumping en su contra.
A pesar de la activación de las medidas comerciales, el Departamento de Comercio y los productores, tanto mexicanos como estadounidenses, han mostrado su disposición de continuar negociando y esperan alcanzar un nuevo acuerdo en las próximas semanas, dijo la Secretaría de Economía, en un comunicado.
"La Secretaria de Economía expresa su decepción y preocupación por la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de eliminar la aplicación del acuerdo de suspensión a la investigación antidumping a las exportaciones mexicanas de tomate", agregó la dependencia, que no participa en el proceso de negociaciones, en el comunicado.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que mantiene un diálogo de alto nivel con los funcionarios de comercio estadounidense, se unió al exhorto de Economía para establecer un nuevo acuerdo de suspensión.
"Desde la Sader mantendremos un diálogo de alto nivel con nuestro homólogo en Estados Unidos, con quien hemos encontrado comprensión mutua para favorecer a los productores de ambos países en condiciones de equidad, promoviendo la competencia sana, el comercio justo y la complementariedad de los mercados".
México ha señalado que no aplicará medidas comerciales en represalia, pero advirtió que la puesta en marcha de medidas comerciales generará un costo de 350 millones de dólares para los exportadores mexicanos de este fruto que es el tercer producto agrícola de exportación de México.
El cobro también podría impactar los bolsillos de los estadounidenses --con un incremento en el precio por libra de entre 40 y 85%, dependiendo de la temporada, de acuerdo con un estudio de Arizona State University-- debido a que uno de cada dos tomates que consumen en ese país proviene de México.
Aún así, los productores mexicanos se han comprometido en mantener el abasto del producto a pesar de la entrada en vigor de las tarifas.
Infosel consultó a la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (Ampac) uno de los grupos que aglutinan los intereses de los productores de tomates para conocer su opinión, pero declinó hacer comentarios para no entorpecer el proceso de negociación.
Consejo Nacional Agropecuario, uno de los organismos empresariales que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y que vela por intereses de productores agrícolas, dijo que los exportadores no pagarán los derechos hasta que no exista una notificación oficial del Departamento de Comercio.
En 1996, los exportadores de tomate o jitomate de México fueron culpados de ejercer prácticas de comercio desleal en sus exportaciones hacia Estados Unidos y, por consiguiente, se hicieron acreedores de cuotas antidumping.
Para evitar la penalización, los agricultores concretaron un acuerdo que establece precios mínimos con las autoridades estadounidenses, mismo que se renovaba cada cinco años, hasta 2018, cuando luego de varios intentos de sentarse a la mesa, los mexicanos no lograron establecer diálogo con el Departamento de Comercio.
La última renovación, que debió acordarse el año pasado, no pudo ser concretada al quedar atrapada en medio de la renegociación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por el cierre del gobierno estadounidense a finales del año pasado.
Luego que Estados Unidos reactivara las operaciones del gobierno a inicios de 2019, una de las primeras medidas del Departamento de Comercio fue anunciar en febrero su salida del acuerdo, en línea con las demandas de productores de estados como Florida y para sorpresa de los tomateros mexicanos, quienes habían buscado el diálogo para establecer los nuevos términos desde finales de 2017.
De acuerdo con funcionarios del gobierno mexicano, la decisión de Estados Unidos respondería a intereses políticos en Florida, encabezados por el senador republicano Marco Rubio, en el contexto de las próximas elecciones en ese país.
"Desafortunadamente en esta ocasión, me parece a mí, que por presiones de los productores de Florida y del senador Marco Rubio no fue posible llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes", dijo Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en una entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.
"Estos hechos no podemos aislarlos de una realidad política. . . el senador Marco Rubio está detrás de presionar para que los productores de Florida tengan un acuerdo de suspensión que responda mucho más a los intereses de Florida que de México".
Tras la salida del gobierno estadounidense inició un periodo de gracia de 90 días, que concluye el día de hoy, con el inicio de cobros de derechos provisionales.
"El Departamento de Comercio mantiene su compromiso de garantizar que las industrias nacionales estadounidenses estén protegidas contra prácticas comerciales desleales", dijo el secretario de comercio Wilbur Ross, en un comunicado en el que Estados Unidos notificó la entrada en vigor de el cobro de derechos. "Seguimos siendo optimistas de que habrá una solución negociada".
Como parte de la reactivación de las medidas, el Departamento de Comercio retomará la investigación antidumping, que suspendió hace 23 años, contra este producto mexicano y emitirá una determinación final el 19 de septiembre.
Si la investigación del Departamento de Comercio confirma prácticas de comercio desleal, la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITIC, por sus siglas en inglés), una agencia bipartidista independiente con poderes cuasi-judiciales enfocada al tema comercial, tendrá 45 días para analizar el caso.
Este organismo decidirá en noviembre si establece cuotas definitivas a la importación de este producto, en caso de que encuentre que debido a las prácticas mexicanas hubo algún daño a su industria local; si determina lo contrario, la exportación de este producto se regirá por el libre comercio.
En el caso de que las negociaciones fructifiquen y en las próximas semanas las partes lleguen a un acuerdo, su entrada en vigor tardará 30 días, un periodo en el que los productores mexicanos deberán continuar pagando los derechos provisionales, que serán reembolsados una vez se active formalmente lo pactado.