El equipo legal de Donald Trump se dispone a presentar hoy su caso ante un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York, con el objetivo de anular una importante sentencia por fraude civil. El ex presidente de EE.UU. se enfrenta a una multa de 478,3 millones de dólares, que incluye intereses, tras una sentencia dictada en febrero por el juez Arthur Engoron. La sentencia se basaba en la conclusión de que Trump infló su patrimonio neto para obtener condiciones favorables en los préstamos bancarios. El caso fue iniciado por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
La decisión del juez Engoron, que afecta a los intereses comerciales de Trump en todo el mundo, incluidos hoteles, edificios de oficinas y campos de golf, fue el resultado de las supuestas prácticas fraudulentas de Trump en el negocio inmobiliario. El caso se suma a los desafíos legales de Trump tras su presidencia, incluida una multa civil federal de casi 90 millones de dólares por difamación y una condena penal relacionada con pagos de dinero por silencio.
Trump, que es el candidato republicano para las próximas elecciones del 5 de noviembre, ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad y ha sugerido que las acciones legales contra él tienen una motivación política. Las últimas encuestas le sitúan por detrás de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.
En julio, los abogados de Trump presentaron un escrito ante la División de Apelaciones, argumentando que las declaraciones financieras de Trump a los bancos eran estimaciones conservadoras de su riqueza y que los prestamistas no incurrieron en pérdidas. También acusaron al fiscal general James de centrarse en Trump por motivos políticos, tachando la acusación de motivada políticamente.
Los abogados del Estado contraatacaron en agosto, afirmando que la ley por la que se demandó a Trump no exige pruebas de pérdidas monetarias ni de que los bancos se basaran en las declaraciones engañosas de Trump. Hicieron hincapié en que la intención de la ley es defender la honestidad y la integridad de los mercados comerciales de Nueva York mediante la prevención del fraude.
Los procesos judiciales se derivan de acciones llevadas a cabo mientras Trump dirigía la Organización Trump antes de su presidencia en 2017. El juez Engoron, tras un juicio sin jurado de tres meses, declaró a Trump responsable de falsear el valor de sus activos y su patrimonio neto durante una década, destacando una discrepancia significativa en el tamaño declarado del ático de Trump en Manhattan.
El juicio, que se centró en las sanciones, no sólo dio lugar a la sentencia económica, sino que también prohibió a Trump ocupar cargos ejecutivos en cualquier empresa de Nueva York y solicitar préstamos dentro del Estado. Para evitar posibles embargos de bienes durante el proceso de apelación, Trump pagó una fianza de 175 millones de dólares en abril.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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