Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que las aseguradoras sanitarias deben seguir proporcionando cobertura a los servicios preventivos, como las pruebas de detección del cáncer y la medicación para prevenir el VIH, sin cobrar un suplemento a los pacientes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. también decidió que el método utilizado para seleccionar estos servicios para su cobertura es inconstitucional.
La decisión del tribunal responde a una demanda presentada por un grupo de empresas cristianas, encabezadas por Braidwood Management, un operador de centros de bienestar cristianos con sede en Texas. Las empresas impugnaron el mandato, argumentando motivos religiosos contra la cobertura de la profilaxis preexposición (PPrE) para el VIH y alegando que el método de selección de servicios del mandato violaba la Constitución estadounidense. Sostuvieron que un grupo de trabajo con tal autoridad debería ser nombrado por el presidente y confirmado por el Senado.
El panel de tres jueces, que incluyó a dos jueces nombrados por el ex presidente Donald Trump y uno por el presidente Joe Biden, apoyó el argumento de las empresas sobre la cuestión constitucional. El panel también rechazó la pretensión del Gobierno de que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, pudiera validar retroactivamente las decisiones del grupo de trabajo.
A pesar de estar de acuerdo con las empresas en este punto, el tribunal de apelaciones consideró que la decisión del juez de distrito Reed O'Connor de bloquear el mandato en todo el país en marzo de 2023 era demasiado amplia. En su lugar, el tribunal limitó el bloqueo únicamente a las empresas implicadas en la demanda. Además, el tribunal ordenó a O'Connor que reevaluara su decisión de mantener la cobertura obligatoria de determinadas vacunas y servicios de cribado infantil, que las empresas también habían impugnado.
El mandato, que forma parte de la Ley de Asistencia Asequible (ACA) promulgada en 2010, ha sido apoyado por los principales grupos médicos de EE.UU. que argumentan que la eliminación del requisito de atención preventiva podría poner en peligro a los pacientes y aumentar los costes sanitarios. La ACA, comúnmente conocida como Obamacare, fue impugnada anteriormente por O'Connor en 2019 al considerar inconstitucional toda la ley, un fallo que fue revocado posteriormente.
Tal como está, el gobierno puede hacer cumplir el mandato de atención preventiva, apoyando potencialmente a otros empleadores o aseguradoras que deseen desafiarlo. Sin embargo, el futuro del mandato sigue siendo incierto debido a las cuestiones jurídicas planteadas por el tribunal de apelación. El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el abogado de los demandantes aún no han comentado la sentencia.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.