(Actualiza con declaraciones del presidente Iván Duque)
BOGOTÁ, 27 mar (Reuters) - El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó el sábado a disidentes de las FARC de un ataque con un carro bomba en un pueblo del suroeste del país que dejó 43 personas lesionadas y ocho casas destruidas, en un recrudecimiento de la violencia en esa zona estratégica para la producción y el tráfico de cocaína.
El ataque se registró el viernes en la tarde frente a la alcaldía del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, una región en donde tienen presencia grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, informó el Ministerio de Defensa.
"Aquí sabemos que los que están detrás de este atentado son los bandidos de la Dagoberto Ramos, bandidos que son de esas disidencias. Y los estamos enfrentando y los seguiremos enfrentando donde estén, porque estos actos cobardes contra la comunidad son imperdonables", dijo Duque durante una visita a Corinto en compañía de la cúpula de las Fuerzas Militares.
La columna Dagoberto Ramos es una de las disidencias de las FARC que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016 para acabar el conflicto armado que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
"Solo les queda un camino: o se someten o los vamos a enfrentar con la contundencia y serán llevados a la justicia o van a caer en las operaciones militares. A esa Dagoberto Ramos la vamos a destruir por completo", advirtió Duque al calificar el ataque como un acto "vil, miserable y cobarde".
El Ministro de Defensa, Diego Molano, elevó a 200 millones de pesos (unos 55.000 dólares) la recompensa por información que permita localizar a dos de los principales líderes de las disidencias de las FARC responsables del ataque.
"Cauca llora, pero no se rinde. Corinto llora, pero no se rinde", dijo Molano anunciar un incremento de las operaciones militares en la zona contra los grupos armados ilegales.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia condenó el ataque y pidió la implementación de medidas concretas de protección integral a las comunidades, además garantías de seguridad en los territorios afectados por la violencia.
Aunque la intensidad de la confrontación se redujo tras el acuerdo de paz, luego recrudeció después de que varias estructuras de las FARC lo rechazaron y continuaron dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal en medio de enfrentamientos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales por el control de esas actividades ilícitas.
Las Fuerzas Armadas y funcionarios del Gobierno estiman entre 2.500 y 3.000 los combatientes de las disidencias de las FARC a lo largo y ancho del país de 50 millones de habitantes. Así mismo los responsabilizan de asesinatos de líderes sociales y masacres de civiles. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Nelson Bocanegra)