La administración Biden ha impuesto sanciones a 16 funcionarios venezolanos estrechamente aliados del Presidente Nicolás Maduro. Esta decisión se produce tras las acusaciones de fraude electoral y la consiguiente represión de la disidencia política en Venezuela. Entre las personas sancionadas figuran figuras de alto rango como la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, la directora del consejo electoral, Rosalba Gil, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.
El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que Estados Unidos también está imponiendo restricciones de visado a un número indeterminado de funcionarios afines a Maduro. Sin embargo, la administración no ha introducido nuevas medidas contra el crucial sector energético de Venezuela, que sigue sometido a importantes sanciones estadounidenses.
Las sanciones se producen mientras Edmundo González, reconocido por Estados Unidos y otras naciones como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, buscaba asilo en España tras una orden de arresto en su contra emitida por el gobierno de Maduro.
Esta medida de EE.UU. pretende sancionar a los responsables de lo que considera una victoria ilegítima de Maduro y animarle a entablar negociaciones con la oposición.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, declaró: "El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas reclamaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio."
En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, condenó las sanciones de Estados Unidos en Telegram, calificándolas de "medidas unilateralmente coercitivas, ilegítimas e ilegales sobre funcionarios del Estado."
Las sanciones implican la congelación de cualquier activo estadounidense en manos de las personas y reflejan la estrategia más amplia de Washington para presionar a Maduro antes de la investidura presidencial en enero.
Estados Unidos, que había suavizado las sanciones a la industria petrolera venezolana en octubre del año pasado tras un acuerdo entre Maduro y los partidos de la oposición, restableció estas sanciones en abril, acusando a Maduro de no cumplir sus promesas electorales.
La eficacia de estas sanciones individuales está bajo escrutinio, teniendo en cuenta que Estados Unidos ya ha puesto en el punto de mira a más de 140 funcionarios venezolanos, incluido Maduro en 2017, y ha impuesto prohibiciones de visado a casi 2.000 personas.
A medida que la situación política en Venezuela sigue evolucionando, Estados Unidos sigue siendo cauteloso en su enfoque, con funcionarios que reconocen su preocupación por las acciones que podrían afectar a los precios mundiales del petróleo o dañar la economía de Venezuela, lo que podría dar lugar a más migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
La postura de la administración de Biden también se ve influida por las próximas elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, y los asesores de Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris se muestran cautelosos a la hora de proporcionar a los republicanos una influencia adicional en cuestiones de inmigración. Cuando se le preguntó sobre futuras acciones en el sector petrolero, incluidas las operaciones de Chevron (NYSE:CVX) en Venezuela, un alto funcionario estadounidense mencionó que se estaba considerando una "gama de opciones", pero no dio más detalles.
Reuters contribuyó a este artículo.
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