por Jairo Ibarra
(Actualiza con citas de PGR en últimos tres párrafos)
Infosel, agosto. 22.- La Procuraduría General de la República (PGR) retiró la acusación de delincuencia organizada que había presentado contra Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, con lo que podría permitir que el equipo de abogados del exfuncionario solicite que éste enfrente su juicio en libertad.
La PGR acusó ahora a Duarte de Ochoa ante un juez por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, dos crímenes que no requieren que el exgobernador, de 44 años de edad, permanezca en la cárcel durante su juicio, reportaron diversos medios nacionales.
Los abogados podrán solicitar "al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad", reportó el portal Animal Político. "Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no".
Actualmente Duarte está preso en el Reclusorio Norte, de Ciudad de México, acusado de desviar 400 millones de pesos durante su paso por el gobierno de Veracruz mediante el uso de empresas fantasma, prestanombres y cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El exmandatario veracruzano, que fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde militaba, fue uno de varios gobernadores del país que acabó enfrentando acusaciones de la justicia mexicana por desvío de recursos o por enriquecimiento ilícito.
Además de Duarte de Ochoa, están encarcelados Roberto Borge, el exgobernador priista de Quintana Roo; y Guillermo Padrés Elías, el exgobernador de Sonora surgido del Partido Acción Nacional (PAN); mientras que César Duarte Jáquez, el exmandatario priista de Chihuahua, está prófugo de la justicia.
No es claro, sin embargo, que Javier Duarte reciba el beneficio de enfrentar su proceso en libertad, debido a que las autoridades podrían considerar el riesgo de una fuga del país.
El exgobernador veracruzano fue detenido en un resort vacacional en Guatemala, en abril de 2017, luego de seis meses de estar prófugo de la justicia.
Ahora, Duarte de Ochoa enfrentará su próxima audiencia ante un juez en los próximos 30 o 40 días, agregó Animal Político.
Muchos temen que el caso del polémico exgobernador veracruzano corra la misma suerte de otros casos mediáticos en que la PGR no ha podido acreditar sus denuncias y acaba viendo cómo algunos acusados recobran la libertad.
El caso más reciente fue la liberación de la profesora Elba Esther Gordillo, quien lideró durante años el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y quien recuperó su libertad luego de casi cinco años y medio de prisión por falta de pruebas.
Sin embargo, la Procuraduría argumentó que no contaba con un sustento sólido para acusar al exgobernador por cargos de delincuencia organizada, así que optó por no correr riesgos en el caso y prefirió abordarlo en un caso que estaba más sólido.
"Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada", dijo la dependencia, en un comunicado. De ahí que "decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución".
"El probable responsable seguirá su proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", agregó PGR.
(Actualiza con citas de PGR en últimos tres párrafos)
Infosel, agosto. 22.- La Procuraduría General de la República (PGR) retiró la acusación de delincuencia organizada que había presentado contra Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, con lo que podría permitir que el equipo de abogados del exfuncionario solicite que éste enfrente su juicio en libertad.
La PGR acusó ahora a Duarte de Ochoa ante un juez por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, dos crímenes que no requieren que el exgobernador, de 44 años de edad, permanezca en la cárcel durante su juicio, reportaron diversos medios nacionales.
Los abogados podrán solicitar "al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad", reportó el portal Animal Político. "Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no".
Actualmente Duarte está preso en el Reclusorio Norte, de Ciudad de México, acusado de desviar 400 millones de pesos durante su paso por el gobierno de Veracruz mediante el uso de empresas fantasma, prestanombres y cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El exmandatario veracruzano, que fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde militaba, fue uno de varios gobernadores del país que acabó enfrentando acusaciones de la justicia mexicana por desvío de recursos o por enriquecimiento ilícito.
Además de Duarte de Ochoa, están encarcelados Roberto Borge, el exgobernador priista de Quintana Roo; y Guillermo Padrés Elías, el exgobernador de Sonora surgido del Partido Acción Nacional (PAN); mientras que César Duarte Jáquez, el exmandatario priista de Chihuahua, está prófugo de la justicia.
No es claro, sin embargo, que Javier Duarte reciba el beneficio de enfrentar su proceso en libertad, debido a que las autoridades podrían considerar el riesgo de una fuga del país.
El exgobernador veracruzano fue detenido en un resort vacacional en Guatemala, en abril de 2017, luego de seis meses de estar prófugo de la justicia.
Ahora, Duarte de Ochoa enfrentará su próxima audiencia ante un juez en los próximos 30 o 40 días, agregó Animal Político.
Muchos temen que el caso del polémico exgobernador veracruzano corra la misma suerte de otros casos mediáticos en que la PGR no ha podido acreditar sus denuncias y acaba viendo cómo algunos acusados recobran la libertad.
El caso más reciente fue la liberación de la profesora Elba Esther Gordillo, quien lideró durante años el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y quien recuperó su libertad luego de casi cinco años y medio de prisión por falta de pruebas.
Sin embargo, la Procuraduría argumentó que no contaba con un sustento sólido para acusar al exgobernador por cargos de delincuencia organizada, así que optó por no correr riesgos en el caso y prefirió abordarlo en un caso que estaba más sólido.
"Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada", dijo la dependencia, en un comunicado. De ahí que "decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución".
"El probable responsable seguirá su proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", agregó PGR.