El proyecto de exteriorización de activos ideado por el Poder Ejecutivo arribó esta semana al Congreso Nacional, en donde deberá ser aprobado ahora por mayoría especial. La propuesta del Gobierno Nacional se da en una situación propicia internacionalmente. A partir de una iniciativa para la transparencia fiscal impulsada por la OCDE y el G20, un total de 101 jurisdicciones en todo el mundo han adherido a un estándar de reporte común y automático, que permitirá a los países acceder a información sobre los activos que sus ciudadanos tienen en el exterior sin solicitar permisos a la jurisdicción extranjera. Distintos países percibidos como paraísos fiscales se encuentran en esta lista, incluidos Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Uruguay, y Suiza. A partir de enero de 2017, algunos de estos países comenzarán a aplicar el nuevo marco común, incluida la Argentina, mientras otros lo harán a más tardar en septiembre de 2018.
Ese es uno de los incentivos a participar de esta exteriorización de activos, pero no es el único. Con tasas de interés históricamente bajas alrededor de todo el planeta (los bancos centrales de algunos países han incluso establecido tasas de referencia negativas), los instrumentos que Argentina comenzó a colocar en los mercados lucen muy atractivos para los inversores. No solamente la nueva deuda pública internacional, sino también las tasas de Lebac en pesos emitidas por el Banco Central, que no permanecerán en niveles tan altos por mucho tiempo (como lo muestran las sucesivas reducciones de la tasa en las últimas semanas).
Por otro lado, los punitorios que contempla el proyecto van desde un 0% para quienes declaren fondos por menos de 305.000 pesos, a 5% para fondos de hasta 800.000 pesos y para los inmuebles, y 10% para los fondos que superen ese monto (si la declaración se hace a partir del 1ro de enero de 2017 esta tasa es de 15%). El proyecto contempla aún mayores beneficios para quienes adhieran a la declaración. Por un lado, la exteriorización implica liberarse del pago de otros impuestos y de cualquier acción penal hacia quien blanquea (aunque el proyecto contempla que esto no se realice en perjuicio de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo). Más aún, el declarante podrá aplicar los fondos al financiamiento del Estado o de proyectos de inversión para evitar el pago de la tasa. En concreto, los fondos podrían aplicarse a bonos intransferibles y no negociables, a 3 años con cupón 0%, o a 6 años con cupón de 5% los últimos dos años. La declaración puede incluir moneda nacional o extranjera, inmuebles, créditos, participaciones, o cualquier derecho con valor económico.
Entre otros beneficios, se incluye un régimen de regularización de obligaciones tributarias, incluyendo la Seguridad Social y Aduana, con liberación de sanciones penales, multas, y facilidades de pago. El proyecto que ingresó en el Congreso contempla aún mayores novedades; una de las principales es la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir de 2019, impuesto ampliamente criticado y sentado sobre dudosas bases; también el Impuesto a los Bienes Personales sería derogado desde el mismo año, y sus escalas se modificarían en los años intermedios (el mínimo se eleva de 300.000 pesos a 800.000 en 2016, 950.000 en 2017, 1.050.000 en 2018; la tasa disminuye hasta desaparecer en 2019, y se pasa a aplicar sobre el excedente).
El proyecto excluye de los beneficios de este blanqueo a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual es muy bienvenido. Sin embargo, no contempla una similar exclusión para el caso de magistrados y funcionarios del Poder Judicial o miembros del Congreso, ni tampoco a funcionarios provinciales o municipales. Seguramente estos detalles serán cuestionados por propios y opositores en el debate parlamentario. Por otro lado, tampoco podrán participar los que se hayan acogido a los blanqueos del Gobierno anterior.
El proyecto también intenta aplacar la distorsión de incentivos que supone darle beneficios a los que evadieron impuestos. A los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones en los dos períodos fiscales anteriores, es decir durante 2014 y 2015, se les dará un beneficio como premio: la exención en el impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos 2016, 2017 y 2018. De cualquier manera, este beneficio no parece igualar aquellos de los nuevos declarantes.
El gobierno espera que se exterioricen entre 20.000 y 60.000 millones de dólares. Con una tasa promedio de 6%, podría recaudar desde 1.200 millones de dólares a 3.600 millones. Si una cantidad significativa de esos fondos eligen aplicarse a los bonos intransferibles, podría recaudar aún más en forma de deuda pública. El objetivo del gobierno es financiar en la medida de lo posible el proyecto de Pensión Universal a la Vejez y los juicios del Programa de Reparación Histórica, sin recurrir excesivamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad; es indicativo en este sentido el que estos proyectos se traten conjuntamente. El objetivo no es, como en blanqueos anteriores, atraer dólares para suplir la escasez interna; al contrario, si un gran porcentaje de los fondos son repatriados, el excedente de dólares generaría mayor presión a la apreciación del peso, deteriorando la competitividad del sector exportador. En el mismo sentido, el costo fiscal que se está dispuesto a afrontar no parece significativo, en tanto el Impuesto a los Bienes Personales que los cumplidores dejarían de abonar estos 3 años corresponde a apenas un 1% de la recaudación total.
Cuánto dinero podría declararse no puede ser sino objeto de especulación, pero lo cierto es que la fuga de capitales se acrecentó en el último trimestre. En los primeros 3 meses fue de por lo menos 3.600 millones de dólares (es el monto registrado sólo a través del Mercado Único y Libre de Cambios), lo que significa un promedio de 1.200 millones de dólares mensuales; en términos anualizados, esto representa un 2% del PIB. Si bien existe un riesgo de apreciación cambiaria si el ingreso de dólares es muy grande, que el efecto sea macroeconómicamente significativo depende no solo de que alcance buenos números (más de 20.000 millones de dólares), sino también de cuánto de eso se repatríe efectivamente. El Banco Central, por otro lado, ha mostrado en el último mes que está dispuesto a intervenir en el mercado de cambios cuando la apreciación del peso es fuerte (compró 1.500 millones de dólares en mayo).