Nuevos indicadores se conocieron en la semana que continúan arrojando señales de una economía deprimida, al menos en materia de consumo. Las variaciones nominales de distintas ventas en los últimos meses vienen bastante por debajo de la evolución de distintos indicadores de precios que se dieron a conocer en la semana como el de CABA, Córdoba y Mendoza. Luego de 9 años y 4 meses de sospecha sobre los números de variación de precios informados por el INDEC, el organismo público volvió a informar datos sobre el IPC que lucen confiables: al menos están en línea con lo que se esperaba y están midiendo consultoras privadas.
Por su parte, el proceso de paritarias está llegando a su fin, pero no por eso las tensiones van disminuyendo. Mientras que el gremio de los gastronómicos cerró sus negociaciones con un aumento del 34% y los trabajadores de la alimentación consiguieron un 36,5%, el gremio de los camioneros no logra llegar a un acuerdo para el 42% que reclaman y están organizando distintas manifestaciones públicas para ejercer presión.
En cuanto a la política monetaria, se comunicó una nueva reducción de 100 puntos básicos en la tasa de Lebacs a 35 días sustentada según el comunicado del BCRA en una desaceleración de la inflación núcleo y de las expectativas de inflación a futuro. A pesar de esto el dólar sigue su tendencia bajista, amenazando permanentemente con perforar la barrera de los $14. Esto, en un contexto de fuerte inflación está quitando gran parte de la competitividad cambiaria que se había logrado con la eliminación del cepo y la consecuente depreciación del peso.
Respecto al tan cuestionado reacomodamiento tarifario, se dio a conocer que el lunes pasado el ministro Aranguren presentó un pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso busca “saltear” la segunda instancia de la justicia y que la cuestión de la constitucionalidad de las resoluciones que versan sobre los aumentos tarifarios sea tratado lo más pronto posible por el Supremo Tribunal. De lo contrario, el Poder Ejecutivo debería apelar las medidas de “no innovar” dictadas por algunos jueces de primera instancia (que están trabando los aumentos de tarifas en muchas provincias), recurrir a la segunda instancia, volver a apelar en caso de que falle en contra del Ejecutivo y recién ahí llegar a una decisión de fondo que debe tomar la Corte. Todo ese tiempo es vital para avanzar en el reacomodamiento de precios sumamente atrasados como son las tarifas de servicios públicos (algunas congeladas completamente desde el año 1998) y en la corrección fiscal consecuente.
En el ambiente internacional lo más relevante vino por parte de la Fed que nuevamente decidió suspender una suba de tasas. Alerta ante indicadores del mercado laboral estadounidense, que no se muestra tan dinámico como se esperaba, y a situaciones de inestabilidad global (como al amenaza del Brexit), Yellen prefirió la cautela.