Este miércoles el Instituto de Estadísticas y Censos publicó el IPC. En el informe, se calculó durante septiembre un incremento de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano de 1,1%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta cifra aún tiene en su composición un arrastre estadístico de la decisión de la Corte Suprema de anular el aumento en la tarifa de gas. No obstante, la inflación núcleo (aquella que no mide las variaciones de los productos estacionales y regulados) obtuvo un aumento del 1,5%, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que la obtenida en agosto. Asimismo, esta semana el gobierno de Mendoza y Córdoba dieron a conocer las variaciones del nivel general de precios para el noveno mes del año, en las que se registraron: -0,7% y 1,8%, respectivamente. Si bien los últimos números del INDEC y del Instituto de la Ciudad de Buenos Aires muestran una lenta pero contante disminución del componente núcleo de la inflación, este dato para septiembre de la provincia de Córdoba arrojó un aumento respecto de agosto. Estas señales mixtas hasta el momento son las que aún obligan a ser cautelosos con las expectativas de la política emprendida por el BCRA.
Analizando el nivel de actividad económica, se conoció el resultado del Índice Construya, el cual mide el crecimiento del sector de la construcción, para el mes de septiembre. Analizando el resultado respecto del mismo mes del año pasado se observa una merma de 17,9%. Sin embargo, respecto a agosto de este año, la medición desestacionalizada señala un crecimiento de 3,6%. Por otro lado, según el informe publicado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCARA), el promedio móvil de consumo de carne de los últimos doce meses para el mes de septiembre obtuvo una merma de 6,8% interanual (tener en cuenta que este promedio arrastra todo el proceso recesivo de los meses previos). Asimismo, en el acumulado anual, la caída alcanza niveles de -8,7%. Desde el INDEC, también se conocieron nuevos datos de actividad económica, esta vez fue el turno del turismo. La Encuesta de Turismo Internacional, en el mes de agosto, estimó un incremento de 1,8% interanual en la llegada de turistas extranjeros. Este dato representa la primera variación positiva en más de 12 meses, una buena noticia para un sector muy golpeado por el encarecimiento en dólares de la economía local en los últimos años. Mientras, la salida al exterior de turistas residentes representó un aumento de 5,7% respecto a igual mes de 2015.
Por el lado de la política monetaria, este martes en la licitación de Letras del Banco Central, la entidad presidida por Federico Sturzenegger decidió mantener inalterada la tasa de rendimiento de las Lebacs a 35 días, por lo que continúan rindiendo un 26,75%. Las señales mixtas de inflación que se mencionaban al principio son el elemento fundamental que explica el detenimiento en la tendencia descendente que venían observándose hasta hace tres semanas de la tasa del BCRA.
Entre la economía y la política
Un debate muy común en el análisis de la política económica es el que se plantea en términos de cuál es el factor dominante a la hora de tomar las decisiones. Si se tienen en cuenta sólo criterios económicos, de eficiencia y de consistencia en el alcance de los objetivos económicos se corre el riesgo de no llegar a cumplirlos debido a los problemas de gobernabilidad que surgen al dejar de lado el importante rol de las negociaciones políticas. Si, por el contrario, la política se impone a la economía focalizando todo el accionar en el objetivo de mantener la gobernabilidad, el riesgo es olvidarse de los objetivos económicos, posponer las correcciones necesarias y terminar en una crisis económica que, obviamente, erosiona la gobernabilidad. Claro está que lo óptimo es mantener un equilibrio, el equilibrio justo entre la racionalidad económica y las negociaciones políticas para lograr ambos objetivos: llevar a cabo las correcciones económicas necesarias y mantener la gobernabilidad y el apoyo político. Si se logra este equilibrio, ambos objetivos tendrán mayores chances de ser alcanzados en conjunto.
Desde el comienzo del gobierno de Cambiemos este tema estuvo a la orden del día. A cada medida económica tendiente a corregir algún desequilibrio de los tantos heredados del gobierno kirchnerista, se la complementaba con alguna de tipo compensatorio o tendiente a minimizar las consecuencias indeseadas sobre los sectores más afectados o vulnerables de la sociedad. Lo mismo para mantener el equilibrio político y los apoyos de los partidos en el Congreso y los gobernadores. El problema es que mientras que una de las principales correcciones que tiene que llevar a cabo el gobierno es la disminución del déficit fiscal, cada negociación política implica mayores erogaciones públicas. Es aquí donde ambos objetivos entran en conflicto y más a prueba se ponen los funcionarios.
Las negociaciones que están llevando a cabo desde esta semana con la CGT van en la misma línea. En esta oportunidad, el argumento implícito de las concesiones del gobierno es “asegurarse la paz social” en el final del año, período que en los últimos años ha sido conflictivo en el país. Hasta el momento ya se acordó un suplemento o bono para jubilados que cobren entre 5.661 pesos (haber mínimo) y 6.661 pesos y beneficiarios de la AUH, y la eximición del pago del impuesto a las ganancias sobre los aguinaldos menores a los 15.000 pesos. En el caso de las jubilaciones, se otorgará un bono de $1.000 para todos aquellos beneficiarios del haber mínimo y un proporcional para aquellos que cobren más, hasta un tope de $6.661. Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el beneficio será de $1.000 pero por grupo familiar, no por beneficiario individual. Con respecto al impuesto a las ganancias, quedarán exentos del pago los aguinaldos de hasta $15.000 neto. Para aquellos salarios superiores a los $30.000, a los que les corresponda un aguinaldo superior a los $15.000, pagarán el impuesto sólo sobre el excedente a los 15.000 pesos. Los salarios superiores a los $55.000 no serán alcanzados por ningún tipo de beneficios y el aguinaldo será grabado en su totalidad por el impuesto a las ganancias.
El esfuerzo fiscal alcanza los 7.500 millones de pesos (5.000 millones entre AUH y jubilaciones y 2.500 millones de menor recaudación por ganancias) y beneficia a unos 2,2 millones de hogares en el caso de la AUH, 1,2 millones de trabajadores que recibirán un mayor ingreso al pagar menos impuestos sobre su aguinaldo y a todos los jubilados que cobren la mínima y/o hasta $6.661. A todo este paquete ya cerrado en esta semana se agregará muy probablemente la próxima semana un bono de fin de año de unos $2.000 máximos para los trabajadores estatales nacionales. La GCT concluiría sus reclamos logrando un bono para el sector privado de, como mínimo, 2.000 pesos. Esta sería la última concesión del gobierno para evitar el paro nacional anunciado por la central gremial.
A la hora de analizar estas negociaciones desde la óptica puramente económica, no se les encuentra mucho sentido. En primer lugar, teniendo en cuenta que el gobierno ha resignado su meta inicial de déficit fiscal para el próximo año, por lo que pensar en aumentar los gastos por un 0,1% del PBI en el último mes del año no luce una idea coherente. En segundo lugar, porque tanto las jubilaciones como la AUH se ajustan automáticamente dos veces al año por el coeficiente de la Ley de Movilidad Previsional (esta última desde junio de 2015) lo que protege a ambos beneficios de la erosión que puedan surgir como consecuencia de la inflación. De este modo, no es cierto que la aceleración inflacionaria de los últimos meses haya licuado el poder de compra de ambas transferencias en una magnitud tan importante como la que se declama debido a que el propio aumento de la inflación provoca un mayor ajuste en los meses de marzo y septiembre. En el gráfico puede observarse claramente cómo ambos beneficios siguen (con algún retraso en el caso de la AUH) a la tendencia de la inflación. Con esta evidencia, y en un contexto de inflación descendente, no sería necesario desde el punto de vista económico un suplemento para “recomponer” las transferencias en términos reales. En términos interanuales la pérdida de poder de compra hacia diciembre será de poco más del 2% para ambas transferencias.
Otra cuestión, ciertamente más política, es si es conveniente para el gobierno negociar mejoras en los beneficios de jubilados y beneficiarios de las políticas sociales con la CGT, que se supone que solo tiene representatividad entre los trabajadores activos. Lo que hoy puede ser visto como una estrategia para evitar un paro general, puede incrementar el poder de presión de los representantes de los gremios y complicar al gobierno en futuras negociaciones obligándolo a aceptar constantemente mayores gastos.