La recaudación tributaria de mayo alcanzó un aumento interanual del 23%. El Impuesto a la Ganancias recaudó un 1,3% por debajo del año pasado, que no pudo ser compensado por el alza de 71% a través de la Aduana. Los Derechos de Importación aumentaron 63% a poco más de 4.600 millones de pesos, y los de exportación bajaron 0,7% a 7.800 millones. La percepción de IVA se incrementó 41%, los aportes de la Seguridad Social un 43%. Los datos de AFIP presentan así la imagen clara del primer semestre: resignación de ingresos por la eliminación de retenciones, una reactivación importadora después del cepo, y un mantenimiento sostenido en los gastos de Seguridad Social. Las ventas minoristas según CAME continuaron mostrando señales de caída en el consumo, con una retracción de más de 9% interanual en las compras minoristas. La industria, de acuerdo a la UIA, sufrió una caída de 5,4% en abril, afectada por Brasil y por una caída en la molienda de oleaginosas, entorpecida por las lluvias. Con todo, el Banco Mundial estima que la economía argentina caerá 0,5% este año. Las cifras de Invecq muestran una retracción esperada de 0,3%, manteniéndose en la misma línea.
También en cuanto a la política fiscal, se convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que establece un reintegro a jubilados con haberes mínimos y beneficiarios de planes sociales de una proporción del Impuesto al Valor Agregado por compras en comercios. Del total que paguen por sus compras los beneficiarios recibirán un reintegro del 15% de la factura (con un tope mensual de 300 pesos).
En cuanto a la política monetaria, el Banco Central volvió a reducir la tasa de referencia de Lebacs a 35 días en un punto porcentual, llevándola a 33,25% anual. Según el comunicado semanal del banco, “diversos indicadores sugieren que el proceso de desinflación avanza en línea con el sendero planteado por el BCRA en su plan de política monetaria”. Según el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, la Canasta Básica se incrementó un 1,7% en mayo, muy cerca del 1,8% calculado por FIEL para la Ciudad de Buenos Aires. En la misma línea, Enargas publicó en el Boletín Oficial que los topes a los aumentos de gas en hogares y PYMES, de 400 y 500 por ciento, regirán hasta el 31 de diciembre de este año.
En el ambiente internacional destacó la victoria de Kuczynski en las elecciones presidenciales de Perú, y de Hillary Clinton como candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. En Europa, por otro lado, el Banco Central Europeo lanzó por primera vez su compra de bonos corporativos, con el objetivo de inyectar mayor liquidez en la economía para empujar el crecimiento.
Modificaciones en proyecto de blanqueo y jubilados
El proyecto de Ley que envío el Poder Ejecutivo al Congreso impulsa una serie de medidas diversas: el pago a los juicios de jubilados, un incremento de los haberes basado en el cumplimiento de la Ley, un blanqueo de capitales amplio y una reforma impositiva (eliminación del Impuesto a los Bienes Personales).
El proyecto es ambicioso en términos fiscales, ya que requeriría desembolsar una cantidad de recursos que podría incrementar la presión no solamente sobre los objetivos fiscales del gobierno, sino también la sustentabilidad misma del sistema previsional en general. Solo por el pago retroactivo de los juicios, fuentes oficiales estiman que deberán desembolsarse cerca de 50 mil millones de pesos. Por otra parte, el reajuste de haberes de ahora en más demandaría unos 75 mil millones de pesos anuales a valor de hoy (1% PBI aproximadamente, aunque este año correspondería a la mitad de este monto si la actualización se da desde el segundo semestre). El costo fiscal para este año correspondería entonces a un 0,7% del PIB aproximadamente, o 45 mil millones de pesos (sin tener en cuenta los juicios, que se pagarían a lo largo de los próximos 3 años).
Si bien la cifra parece poner en riesgo el objetivo fiscal del Ministerio de Hacienda de 4,8% del PIB para el déficit primario de este año, hay razones para pensar que ese puede no ser el caso. Si la exteriorización de capitales (parte del mismo proyecto) se da en el rango esperado por el gobierno (entre 20.000 y 60.000 millones de dólares, aunque la cifra final no puede sino ser especulativa), a un impuesto promedio de 6%, los ingresos del Estado se incrementarían en 1.200 millones de dólares o más. Si este es el caso, el costo fiscal del proyecto se reduce a por lo menos 0,45% del PIB, cifra similar a la sobreestimación que el Ministro Prat-Gay hizo del déficit primario heredado cuando delineó sus objetivos, antes de asumir pleno conocimiento de los números del Ministerio. Dependiendo de qué tan exitoso sea el proyecto de exteriorización, el programa podría presentar entonces un mayor o menor desvío del objetivo de déficit primario para el año, aunque no muy considerable en cualquier caso.
Por otra parte, no parece que la financiación del proyecto presente dificultades insalvables. Los ingresos esperados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para 2016 rondan los 150.000 millones de pesos según su último informe. Teniendo en cuenta que, siguiendo el ritmo inflacionario, el FGS continuaría financiando al Estado por 70-90 mil millones de pesos a través de la compra de Letras del Tesoro, se ve que existe un margen para que los recursos del FGS financien el programa sin descapitalizarse. Que el FGS haga esto significaría simplemente un aumento de la participación de los activos del Estado en su cartera, por encima del actual 63%. Por supuesto, esto significaría dejar de incrementar su exposición a acciones en el mercado de capitales, que representan hoy un 13% de su cartera.
Esta semana Diputados emitieron un dictamen de mayoría sobre el proyecto, después de realizar varias modificaciones al extenso documento, en particular a partir de la presión de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio. Las principales modificaciones contemplan:
· Prórroga de moratoria previsional por 3 años para las mujeres en edad jubilatoria (mayores de 60 años), pero que no cumplen con los requisitos de la Pensión Universal (tener más de 65 años).
· Con respecto a la polémica de si el Fondo de Garantía de sustentabilidad debe o no liquidar las acciones en cartera, el proyecto convalida esta posibilidad, pero incluye un piso mínimo de la cartera de ANSES que debe asignarse a estos instrumentos (un 7%, contra el 13% que tiene en cartera actualmente), a menos que se realicen Ofertas Públicas de Adquisición dirigidas a todos los tenedores de dichos activos a un precio autorizado por la Comisión Nacional de Valores.
· Se mantuvo la posibilidad de evitar el impuesto por la exteriorización de activos a través de bonos del Estado, pero el bono que previamente era a 6 años con cupón 0% los 2 primeros años y 5% luego, ahora pasa a ser un bono a 7 años, intransferible solo por los primeros 4, con un cupón de 1% en todo el período, y permite exceptuar el impuesto por un monto equivalente a 3 veces el monto subscripto.
· El proyecto incluye eximir al medio aguinaldo de este mes del Impuesto a las Ganancias, como otro “premio” a aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, siempre que hayan declarado un patrimonio inferior a 800.000 pesos.
· Aunque el texto original eliminaba el Impuesto a los Bienes Personales desde 2019 (después de incrementar el mínimo patrimonio y reducir la alícuota gradualmente), el texto actual contempla que seguirá rigiendo desde 2019 (aunque con la alícuota más baja). Su eliminación será evaluada por la una Comisión Bicameral que crea la Ley.
· Aparte de excluir a funcionarios del Poder Ejecutivo, ahora también se excluyen miembros del Poder Legislativo y Judicial de todos los niveles (nacional, provincial y municipal). Se dio media vuelta también con la prohibición (con pena de prisión) de difundir datos de las personas que adhieren al blanqueo; ahora se explicita que “los periodistas y comunicadores sociales (…) en razón de la protección superlativa de la que goza la libertad de prensa” son exceptuados de este artículo. El proyecto avanzará ahora a la Cámara de Senadores en su nueva redacción, donde será evaluado nuevamente, para luego ser o bien devuelto a Diputados o finalmente promulgado con carácter de Ley.