Si hay un comportamiento predecible es el de los políticos cuando están en campaña electoral. Allí, el apoderamiento de ciertos clichés que seducen a los votantes es una constante que encontramos muy a menudo. Y dentro de este espectro, uno de los favoritos es el que está relacionado con la “renta financiera” y su tratamiento impositivo.
Desde el arco de la oposición existe una obsesión con este tema, con un fuerte sesgo ideológico y pocas mediciones prácticas del impacto de gravar este “ingreso extraordinario”. Pero llamativamente, durante las últimas semanas donde se habló de la reforma impositiva que está por discutirse de cara a 2018, fue el propio Gobierno el que dejó abierta la puerta para que finalmente se avance en la materia.
Quizás estemos en presencia de una estrategia política de seducción de determinados votantes de cara a la crucial elección parlamentaria del 22 de octubre próximo, pero de no ser así hay un dejo de ignorancia e inconsistencia de los objetivos de política económica más que importante.
Lo que está en discusión en la actualidad es gravar los ingresos financieros que obtienen las personas físicas que provienen de inversiones realizadas con sus ahorros. Cuando tomamos el ejemplo de los plazos fijos, el error conceptual es de gran magnitud, ya que persistentemente a lo largo de los últimos años la tasa de interés que pagan los plazos fijos estuvo (y está) por debajo de la tasa de inflación, por lo que no existe una renta positiva en términos reales para el inversor.
En el mejor de los casos, el ahorrista está tratando de que sus ahorros pierdan un poquito menos contra la inflación y gravar una renta nominal, sin ganancia real, no es más que la aplicación de una doble imposición sobre dicho ahorro.
Invertir en un plazo fijo ya es algo desestimulante per sé y gravar la renta nominal que ofrecen los mismos no haría otra cosa que aumentar ese desincentivo, hiriendo seriamente uno de los canales más importantes para fomentar el ahorro nacional.
En segundo término también se habló de gravar las posiciones en títulos públicos, incluyendo las tenencias de las letras que emite el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aquí hay dos cuestiones que, al menos, llama la atención si se avanza: la primera es que el impacto fiscal, mediante el gravamen sobre la renta proveniente de los títulos públicos, es poco significativo para las arcas estatales (un informe reciente de IARAF habla de sólo el 0,12% del PBI); la segunda es que se castiga al inversor, que es quien permite al Gobierno que se aplique un ajuste gradual en materia fiscal mediante el financiamiento al fisco y al Banco Central. Sin él, probablemente el ajuste debiera ser de otro tenor y velocidad para equilibrar las tan dañadas cuentas fiscales.
En definitiva, si se avanza en la dirección de aplicar un nuevo impuesto, eso debiera o tener un efecto alcista sobre la tasa de interés que demanda el inversor local en los instrumentos emitidos por el Estados nacional, provinciales y el Banco Central, o desincentivar la inversión en estos instrumentos en favor de algún otro que esté libre de impuesto. Nuevamente, hay un impacto negativo sobre el ahorro nacional.
El tercer punto, y no menor, es la contradicción entre el rumbo buscado y los caminos para lograrlo. Aquí también hay dos puntos que llaman poderosamente la atención:
La evidencia empírica muestra que Argentina no está en condiciones de aplicar “peajes” al ahorro local, ya que la Tasa de Ahorro Doméstico Bruto como porcentaje del PBI es muy inferior al promedio mundial y regional.
De acuerdo a datos relevados por el Banco Mundial para el 2016, Argentina tiene una tasa de ahorro doméstica de 15,5% en porcentaje del PBI, por debajo de Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Perú en la región.
Además, es casi 10% menos que el 24,8% del promedio mundial y el promedio de los países desarrollados.
El ahorro es un componente sustancial para promoverla inversión y el desarrollo económico sustentable en el tiempo. En un momento donde Argentina necesita imperiosamente de las inversiones, no hay que penalizara los ahorristas ni a inversores sino buscar políticas que incentiven y reproduzcan los mismos.
En pocas palabras, para ser consistentes con la búsqueda de una Argentina que logre romper la mediocridad económica de los últimos 50 años no debemos matar al ahorro, sino fomentarlo.