Senadores mexicanos analizan histórica reforma del sector energético

México, 10 dic (EFE).- El pleno del Senado de México comenzó hoy el debate de una de las iniciativas legales más importantes de los últimos años, que busca reformar el sector energético y terminar con el monopolio del Estado en la explotación de hidrocarburos.

La reforma energética, anunciada en agosto pasado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha generado un fuerte debate político por la oposición de la izquierda a admitir los cambios constitucionales incluidos en la iniciativa.

Manifestaciones públicas e intentos por diferir este debate hasta el año próximo han marcado las fechas previas al análisis de la propuesta en el Parlamento, que intenta cerrar el proceso legislativo antes de que concluya este año el período ordinario de sesiones, el próximo domingo.

Se trata de "un debate histórico" que marcará "las relaciones de convivencia entre los mexicanos", afirmó el legislador Alejandro Encinas, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), poco después de que se abriera hoy la discusión.

Al inicio de la sesión, la izquierda, en un intento por aplazar la deliberación, presentó una moción para que fuera suspendido el debate, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría de la cámara alta, por lo que se dio luz verde a las deliberaciones.

El pleno del Senado trabaja a partir de un proyecto aprobado previamente por tres comisiones de la Cámara alta, que dejó para el pleno la discusión de varios temas de la reforma que no se pudieron resolver en las deliberaciones de las comisiones.

El proyecto que analiza el pleno del Senado va más allá de la propuesta del Gobierno, porque permite contratos de producción con empresas privadas, un esquema de apertura mayor que la iniciativa oficial, que sólo proponía contratos de utilidades compartidas.

La modificación fue fruto de negociaciones previas del gobernante Partido Revolución Institucional (PRI) con el conservador Partido Acción Nacional (PAN), que presentó su propia iniciativa con una apertura mayor del sector que en la propuesta del Gobierno.

El PRI tiene 54 de los 128 escaños del Senado y cuenta con el apoyo de su aliado político, el Partido Verde, que tiene 7 senadores, una cantidad que, sin embargo, es insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta.

Y como la reforma energética incluye cambios constitucionales que tienen que ser aprobados por los dos tercios de los senadores, necesita los 38 escaños del PAN, el partido que gobernó en México desde el año 2000 hasta diciembre del año pasado.

La posibilidad de que el PRI llegara a acuerdos con el PRD quedó descartada desde hace varios meses, cuando la izquierda comenzó a rechazar posibles cambios constitucionales para que el Estado pierda el monopolio del sector.

Las negociaciones del partido gobernante con el PAN derivaron entonces en un proyecto de reforma más aperturista, que fue conocido el pasado fin de semana cuando la iniciativa llegó por primera vez a tres comisiones del Senado.

La propuesta "combina lo peor de la iniciativa de Peña Nieto y del PAN", afirmó hoy en la tribuna del Senado la legisladora del PRD Dolores Padiera, quien acusó al Gobierno y a sus aliados políticos de mantener una "actitud lacayuna" hacia la iniciativa privada.

En defensa del proyecto, el senador del PRI Oscar Román Rosas reconoció la necesidad de aprobar esta iniciativa para que Petróleos Mexicanos (Pemex) supere años de rezago y se convierta en "una empresa pública competitiva y productiva".

"No puede recuperarse el tiempo perdido, pero sí podemos, con valor, decisión y auténtico patriotismo, hacer que haya valido la pena la espera", afirmó el legislador.

Pemex, la empresa que se encarga de explotar el petróleo y el gas desde que se nacionalizó la industria en 1938, sufre una gran carencia de inversiones, una caída de su producción y, además, reiteradas críticas sobre actos de corrupción.

El Gobierno quiere que Pemex siga encargándose de las áreas más productivas, pero para los yacimientos que impliquen riesgos mayores confía en que haya empresas privadas interesadas en explotarlos.

La lucha de la izquierda mexicana contra este proyecto se lleva a cabo en varios frentes, además del trabajo legislativo.

El PRD presentó hoy un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que garantice el derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre decisiones clave como la reforma energética.

Pero, de ser aprobada la consulta popular, tendrá que realizarse más adelante, y en todo caso para ratificar o revocar el proyecto que está analizando ahora el Senado y que después pasará a la Cámara de Diputados.

En las calles, simpatizantes de la izquierda protagonizan desde la semana pasada una concentración frente al Senado para protestar contra el proyecto, después de un intento frustrado por cercar la sede legislativa para impedir el análisis de la reforma.

Fuentes legislativas calculan que el debate en la Cámara alta se prolongará hasta este miércoles. Luego le tocará a la Cámara de Diputados y, de aprobarse, la reforma tendrá que ser aprobada por al menos 17 de los 32 poderes legislativos de los estados. EFE

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