SANTIAGO, 14 abr (Reuters) - Una ley de indulto para cambiar penas de cárcel por arresto domiciliario y descomprimir las cárceles chilenas en medio del brote de coronavirus sigue en vilo después de que parlamentarios conservadores presentaron recursos para que el beneficio también se aplique a condenados por violaciones a los derechos humanos.
La norma que establece el ajuste fue aprobada la semana pasada en el Congreso y beneficiaría a unos 1.300 presos por delitos menos graves en todo el país que cumplan algunos requisitos, como ser mayores de 75 años de edad, embarazadas, entre otros.
El beneficio excluye a condenados por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
Pero legisladores de la derecha oficialista, un sector que apoyó al régimen militar, presentaron dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se incluya a esos condenados, que cumplen penas en una prisión especial en las afueras de Santiago en condiciones distintas a las hacinadas cárceles comunes.
El TC ya rechazó la noche del lunes un primer recurso, pero está pendiente aún que revise otro más, para el que aún no tiene una audiencia programada. Ambos recursos buscan declarar inconstitucional el artículo de la norma que excluye esos casos.
"El nuevo requerimiento no agrega nada a lo anterior y solo tiene un efecto dilatorio", criticó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que envió el proyecto para conmutar penas al Congreso a fines de marzo. "No sigamos postergando un indulto que es necesario ahora", insistió.
La decisión del TC fue celebrada por agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura y observadores de derechos humanos.
Según la guardia de prisiones, actualmente hay casi un centenar de contagios de coronavirus entre funcionarios y presos en las cárceles chilenas. En el país suma 7.525 casos reportados de Covid-19 y 82 muertos a inicios de la semana.
Al mismo tiempo, en medio de las presiones de su sector, el presidente Sebastián Piñera dio urgencia a un proyecto de 2018 sobre indulto humanitario que podría beneficiar por razones de salud o avanzada edad a violadores de derechos humanos. El proyecto no tiene el apoyo de la oposición. (Reporte de Natalia Ramos. Editado por Fabián Cambero)